La Fundación para la defensa de la ambiente (FUNAM) informó este jueves que el presidente Javier Milei y los ministros que firmaron el DNU 70/2023 fueron denunciados penalmente en la Fiscalía de Turno de la Justicia Federal de Córdoba, tras derogar la Ley de Tierras 26737 violaron el Tratado de Escazú y el Convenio 169 sobre Derechos Indígenas. «Habrían incurrido en incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y asociación ilícita»».
La presentación judicial, de 76 páginas, fue hecha el 5 de marzo por el Dr. Raúl Montenegro, que es profesor titular en la Universidad Nacional de Córdoba y director del Campus Córdoba del Right Livelihood College. En 2004 Montenegro recibió el premio Nobel Alternativo en el Parlamento Sueco.
«Al derogar la Ley de Tierras, que limitaba la compra de propiedades por personas y corporaciones extranjeras, el presidente Javier Milei puso una ilimitada bandera de remate para bosques nativos, glaciares, zonas con abundante agua subterránea y yacimientos de minerales valiosos».
Además de Javier Milei, fueron denunciados penalmente los ministros Nicolás Posse, Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Andres Caputo, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo, Mariano Cúneo Libarona, Guillermo José Ferraro y Sandra Pettovello.
«También pedimos a la Justicia que investigue cómo se elaboró el DNU que deroga la Ley de Tierras, en particular si participó o no Federico, y/u otros consultores, y si estos mantuvieron contactos previos con personas y empresas que pudieran beneficiarse con la derogación de esa ley», indicó Montenegro.
La presentación judicial, basándose en aportes del ex Juez Federal Miguel Julio Rodriguez Villafañe, proporcionó los argumentos jurídicos que tornan al DNU como «de nulidad absoluta e insanable».
«La derogación de la Ley de Tierras implicó regresión en una norma sobre ambiente, algo prohibido por el Acuerdo de Escazú, y se hizo sin consultar a las comunidades indígenas como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Violaría además otras leyes vigentes», agregó Montenegro.
Tras calificar como «salvaje e insensata» la política de destrucción de organismos del estado que controlan a las corporaciones y grandes sectores de interés, señaló que las modificaciones propuestas en el proyecto de Ley Ómnibus sobre las leyes de bosques, glaciares e incendios «complementan descaradamente la derogación de la Ley de Tierras. Le dan impunidad a las megamineras, a las industrias contaminantes y al agronegocio. No es posible que décadas de luchas sociales exitosas y un responsable trabajo parlamentario sean destruidas por una persona que muestra crueldad, intolerancia y desconocimiento de la crítica situación socio-ambiental que enfrenta Argentina».
