En un reciente editorial, el periodista Ari Lijalad denunció la preocupante situación de las tapas de empanada en Argentina. El gobierno de Javier Milei está permitiendo que empresas productoras eludan la ley que exige el uso de harina fortificada, un elemento crucial para prevenir anemias y malformaciones congénitas como la espina bífida.
Las empresas argumentan que la harina fortificada afecta el sabor de sus productos. Sin embargo, la realidad es que optan por una harina más económica y de menor calidad, priorizando las ganancias sobre la salud pública. Esta decisión pone en riesgo la salud de la población, especialmente la de los niños y mujeres embarazadas. La omisión de la ley genera una grave preocupación ética y sanitaria. Se espera una respuesta oficial del gobierno ante esta grave acusación. La falta de regulación deja a los consumidores expuestos a un riesgo innecesario.
