El Gobierno de Milei modificará por decreto la Ley de Glaciares (26.639) para flexibilizar las restricciones a la actividad económica en zonas periglaciares. El Ejecutivo busca, según fuentes oficiales, brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones en la región.
Los cambios se centrarán en la reducción de las áreas protegidas, permitiendo la instalación de industrias, exploración minera e hidrocarburífera, y la construcción de infraestructura no relacionada con la investigación científica, con excepciones para áreas de roca o escombros activos de al menos una hectárea y dos años de duración, con función hídrica relevante e incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares.
Si bien se mantendrán las restricciones para glaciares cubiertos y descubiertos, y la exigencia de informes de impacto ambiental, la modificación otorgará mayores atribuciones a las provincias en la decisión sobre la ubicación de industrias. El Ministerio de Economía lidera la iniciativa, con la colaboración de las secretarías de Energía y Legal y Técnica.
Esta decisión revierte un intento anterior de modificar la ley a través de un proyecto legislativo, que fue retirado en 2024 tras la advertencia de la ONU por considerarlo «regresivo» y potencialmente perjudicial para los defensores ambientales. El proyecto original también incluía modificaciones a la legislación forestal, que ya fueron descartadas. Las multas por incumplimiento de la ley, que van desde cien a cien mil sueldos básicos de la Administración Pública, se mantienen.
