El Gobierno de Javier Milei espera nuevas malas noticias desde Nueva York, en particular del tribunal del distrito sur de Manhattan que encabeza Loretta Preska, la jueza que tiene a cargo el extenso y oneroso juicio contra el Estado argentino por la expropiación de YPF.
El fallo adverso llegaría en las próximas horas, según publica Infobae, y en la Casa Rosada lo esperan con preocupación en un contexto en el que el Gobierno está convencido de que hay “buitres domésticos” que operan, por distintos motivos -políticos, coyunturales y económicos- contra Argentina.
Si bien aún no está clara la naturaleza del fallo inminente, hay varias cuestiones en paralelo sobre el escritorio de Preska. En los próximos días deberá decidir si suspende la sentencia de la entrega de las acciones. Estás podrían ser las opciones: puede llamar a una conferencia con las partes en su despacho (o de manera virtual) para seguir escuchando argumentos; puede suspender la sentencia a la espera de definiciones de casos relacionados; o puede acceder al pedido de Argentina de suspender la sentencia para que el país apele directamente a la cámara exigiendo o no garantías para hacerlo. Si toma alguna de esas dos decisiones, Argentina va a ir a la corte de apelaciones a pedir ese beneficio.
Todas estas tensiones, eventualmente, podrán terminar en un desacato para el país, siempre que el demandante lo pida. También podría obligar a poner una garantía, algo que de no cumplirse también sería un desacato directo.
Se trata de otro capítulo más de la demanda por la cual el país fue condenado, en 2023, a pagar USD 16.000 millones.
Mientras cursa la apelación de ese fallo, Burford Capital, principal beneficiario del fallo multimillonario, realizó nuevos pedidos en el estrado de Preska. Uno de ellos causó un verdadero tembladeral en las últimas horas, cuando la jueza ordenó que el 51% de las acciones que el Estado tiene en la empresa pase a Burford como parte de pago.
