El Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, ha criticado duramente las medidas aprobadas en el Senado sobre jubilaciones y pensiones por discapacidad, a pesar de que su impacto fiscal, estimado en 0,73% del PBI según publica el medio El Destape, es inferior al superávit proyectado por el propio gobierno.
El economista Haroldo Montagú, de la consultora Vectorial, señala que el discurso oficial minimiza el impacto real de las medidas, ocultando que el superávit fiscal se calcula sin considerar intereses capitalizados de bonos, y se logra mediante un ajuste que afecta a los sectores más vulnerables. Montagú argumenta que la recomposición de las pensiones por discapacidad podría incluso estimular el consumo.
Distintas consultoras ofrecen estimaciones variables del impacto fiscal de las medidas aprobadas. El CEPA calcula un costo anual de 1,2% del PBI, mientras que Analytica estima un costo extra de $2,7 billones (0,31% del PBI) entre agosto y diciembre de 2025 según la nueva ley con el aumento del 7,2% en los haberes, la actualización del bono a $110.000 y la reactivación de la moratoria previsional. Si se lo mide con el objetivo de máxima planteado por el propio Milei –llegar al 1,6% de saldo favorable-, el Gobierno todavía tendría resto en sus cuentas fiscales.
Sin embargo, Milei y compañía parecen priorizar la continuidad de sus políticas de ajuste.
