El Ministerio de Salud denunció penalmente a quienes cometieron fraude en el Examen Único de Residencias Médicas 2025. La denuncia penal apunta tanto a las personas que filmaron exámenes como a posibles cómplices, tras detectar resultados anómalos en la tradicional prueba de residentes médicos: aspirantes con antecedentes académicos bajos que obtuvieron puntajes inusualmente altos.
Según la presentación legal impulsada por el propio ministro Lugones, el engaño no solo distorsionó el orden de mérito, sino que también generó un daño ético y un riesgo para la salud pública, al permitir el acceso a cargos rentados mediante prácticas fraudulentas.
La denuncia se presentó ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
El modus operandi del fraude durante el examen, habría quedado al descubierto tras la viralización de un video en el que se observa a un postulante filmando el examen con anteojos equipados con una cámara oculta. El material circuló en redes sociales y permitió identificar al responsable por su nombre y número de documento.
La investigación reveló que uno de los implicados había obtenido 92 puntos sobre 100 en el examen oficial, una cifra que contrastaba con los 69 puntos logrados en una evaluación previa.
El método para consustanciar el fraude consistía en registrar las preguntas con los anteojos con cámara oculta, salir del aula con la excusa de ir al baño, enviar las imágenes a un tercero y regresar con las respuestas para completar la prueba. Además, desde el Ministerio de Salud informaron que se detectó la existencia de grupos pagos en Telegram y WhatsApp donde se compartían respuestas, así como el uso de auriculares y otros dispositivos electrónicos para recibir ayuda externa.
Las incongruencias en los puntajes y la sofisticación de los métodos empleados motivaron la intervención judicial. El Ministerio de Salud solicitó a la justicia la toma de testimonios a los responsables del examen, el secuestro y análisis de celulares y otros dispositivos electrónicos, la identificación de direcciones IP y la geolocalización de los involucrados. También requirió información a la red social X (ex Twitter) y a empresas de telefonía para rastrear comunicaciones y registros vinculados al caso.
Fuente: Infobae
