En el medio del golfo de Guinea, un pequeño territorio de apenas 17 kilómetros cuadrados y unos 5.000 habitantes carga con una historia de abandono, opresión y resistencia. Se trata de Annobón, la única región de Guinea Ecuatorial situada en el hemisferio sur, habitada mayoritariamente por la etnia Âmbo, considerada la más minoritaria del país.
Desde la llegada al poder de Teodoro Obiang Nguema en 1979, los annaboneses denuncian haber sufrido abusos sistemáticos: homicidios ilegítimos, torturas, desplazamientos forzados, falta de infraestructura, detenciones arbitrarias y persecución política, según la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (UNPO).
Cansados de décadas de marginación, el 8 de julio de 2022 proclamaron de manera unilateral la República de Annobón, aunque hasta ahora ningún país del mundo reconoció su soberanía. A la cabeza de ese movimiento está Orlando Cartagena, quien recorre distintos foros internacionales en busca de respaldo, con especial atención puesta en la Argentina.
La elección no es casual. Cartagena recuerda que Annobón y la isla de Fernando Poo (hoy Bioko) formaron parte del Virreinato del Río de la Plata, tras el Tratado de El Pardo de 1778 entre España y Portugal. Aquel acuerdo cedió estos territorios africanos a la corona española a cambio de la Colonia del Sacramento en Uruguay.
Aunque la presencia colonial fue mínima, esa huella histórica sirve hoy de argumento para que Annobón encuentre en Argentina y Uruguay aliados potenciales en su reclamo de independencia.
“Queremos reconocimiento, no anexión. Buscamos apoyo de un país amigo y hermano”, expresó Cartagena en declaraciones a Radio Mitre.
El interés comenzó a crecer en sectores de la sociedad argentina: universidades, organizaciones de derechos humanos y algunos legisladores han manifestado empatía con la causa, a la que comparan con las luchas de autodeterminación del siglo XIX en América Latina.
Mientras tanto, la vida en Annobón continúa bajo condiciones precarias. La falta de reconocimiento internacional limita el acceso a ayuda humanitaria, y el gobierno de Malabo mantiene un férreo control de las rutas marítimas y aéreas.
