Tras meses de reclamos y movilizaciones de profesionales y familias del sector, el Gobierno Nacional anunció un incremento de entre 29% y 35% en las prestaciones por discapacidad. La medida, publicada por el Ministerio de Salud, busca actualizar los valores del Nomenclador de Discapacidad que permanecían prácticamente congelados desde diciembre de 2024, cuando el último ajuste fue de apenas 0,5%.
El aumento se aplicará en tres tramos entre octubre y diciembre de 2025, según informó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El organismo sostuvo que la decisión “apunta a normalizar y dar previsibilidad al sistema de atención” y que beneficiará tanto a los prestadores —entre ellos profesionales de la salud, acompañantes terapéuticos, transportistas y centros de rehabilitación— como a los usuarios, garantizando la continuidad de los servicios.
La resolución fue firmada por el jefe de Gabinete, en lo que el Gobierno definió como “un paso hacia una gestión más ordenada y responsable de los recursos públicos”. No obstante, el anuncio llega en medio de un clima de tensión social creciente, marcado por reclamos de distintos sectores afectados por el ajuste estatal.
Este miércoles, mientras se conocía la medida, organizaciones de jubilados y sindicatos se movilizaron frente al Congreso Nacional en la primera protesta tras las elecciones. El operativo de seguridad incluyó cortes en todo el perímetro y presencia de fuerzas motorizadas y antidisturbios. Durante los enfrentamientos, algunos manifestantes denunciaron el uso de gases lacrimógenos por parte de los efectivos.
Los reclamos apuntaron al deterioro de los haberes jubilatorios, en un escenario donde la falta de aumentos dignos y la suba en los precios de medicamentos servicios dificultan la calidad de vida de las personas, que en muchos casos sobreviven con la jubilación mínima que el próximo mes de noviembre será de $ 333.151, a esto se suma un bono extra de $ 70 mil (congelado desde marzo de 2024), con lo cual un jubilado cobrará en noviembre a $ 403.151.
