Ante un jurado popular, inició en Lago Puelo un nuevo juicio por jurados en el que la Fiscalía, representada por el fiscal general Carlos Díaz Mayer, busca demostrar que un médico abusó sexualmente de una paciente aprovechándose de la relación de confianza y de una maniobra física que, según la acusación, la dejó sin posibilidad de defenderse. La defensa sostiene que la denuncia es falsa. Tras los alegatos de apertura, comenzó la producción de pruebas.
El caso se centra en un hecho ocurrido la mañana del 13 de julio de 2018, cuando una mujer acudió a un consultorio médico para tratar una dolencia muscular. Lo que debía ser una consulta de rutina terminó, de acuerdo con la Fiscalía, en un ataque sexual.
Según la teoría del caso, la paciente había sufrido un desgarro en un gemelo y consultó al profesional para realizarse una ecografía. Tras una primera revisión, el médico —identificado como Fabián Esteban Díaz— le habría indicado volver al día siguiente para un tratamiento con botas de drenaje linfático y ventosas, presentándose también como especialista en flebología.
La acusación sostiene que, una vez dentro del consultorio, el profesional desvió el objetivo médico de la cita. Mientras la mujer estaba recostada boca abajo en la camilla, el imputado habría comenzado a realizar tocamientos que no correspondían a ningún procedimiento. El punto central de la acusación es que el médico utilizó su fuerza física para inmovilizarla, quitarle la ropa y dejarla sin posibilidad de moverse o defenderse.
La Fiscalía también destacó una amenaza que el imputado habría dicho para intimidarla: “Te quedás quietita y calladita la boca, que acá nos conocemos todos, no se te ocurra hacer quilombo”.
Para respaldar su acusación, el Ministerio Público Fiscal presentará pericias psicológicas que indican síntomas persistentes de estrés postraumático compatibles con una experiencia traumática. Además, encuadra el caso como un hecho de violencia de género, señalando que el acusado se valió tanto de su fuerza física como de su autoridad médica y la privacidad del consultorio para vulnerar a la paciente.
El jurado popular será el encargado de definir la responsabilidad penal del imputado al final del debate.
