Uruguay llegó este miércoles a un nuevo récord de casos de COVID-19 con 80 contagios nuevos que, en su mayoría, están relacionados a brotes informados en los últimos días.
Así lo detalló el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) de Uruguay en su reporte diario, en el que también explicó que se llevaron a cabo 4.341 análisis.
El organismo destacó los 50 contagios en Montevideo y confirmó el fallecimiento de un paciente de 90 años en la capital uruguaya, que elevó el número de muertes a 63.
De los 80 casos nuevos, 50 son de Montevideo, 8 de Cerro Largo (este), 7 de Colonia (suroeste), 5 de Canelones (sur), 3 de Maldonado (sureste), 3 de Rivera (norte), 2 de Artigas (noroeste) y 2 de Treinta y Tres (sureste).
Desde el 13 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria en Uruguay por la aparición de los cuatro primeros casos, el país sudamericano acumula 3.700 positivos, de los que actualmente hay 559 activos y solo uno se encuentra en cuidados intensivos.
Los departamentos con casos activos actualmente son 14: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rivera, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó y Treinta y Tres.
Además de los casos en Montevideo, la frontera con Brasil sigue siendo una de las mayores preocupaciones para las autoridades uruguayas, con brotes activos en Rivera (norte) y Cerro Largo (este).
El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), integrado por expertos que brindan ayuda al Gobierno de Uruguay en la gestión de la covid-19, avisó en una rueda de prensa, el pasado 5 de noviembre, de que el país mantiene “una ventana de oportunidad” para controlar la pandemia como hasta ahora.
“Mantenemos una ventana de oportunidad para sostener el control relativo de la marcha de la epidemia, como hemos hecho hasta ahora”, indicó su coordinador, Rafael Radi, en una comparecencia junto a los otros dos miembros del GACH, Fernando Paganini y Henry Cohen.
No obstante, avisaron del peligro que las aglomeraciones pueden suponer con la llegada del buen tiempo y advirtieron de que, al tiempo que las instituciones del Gobierno deben proveer herramientas de lucha contra la covid-19, “el comportamiento social” debe estar “acorde”.
