En una jugada política que sacude el tablero migratorio europeo, el Gobierno de España, encabezado por Pedro Sánchez, se prepara para aprobar este martes un «Real Decreto» que permitirá regularizar la situación de aproximadamente 500.000 inmigrantes indocumentados. La medida, que beneficiará directamente a miles de argentinos que emigraron en el último tiempo, no requerirá la aprobación del Parlamento español.
Según medios locales, el acuerdo fue cerrado este lunes entre el oficialista PSOE y el partido de izquierda Podemos. La iniciativa otorgará «papeles» a todos los extranjeros que se encuentren en territorio español desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar una permanencia mínima de cinco meses.
Requisitos flexibles y beneficios inmediatos
La normativa busca simplificar los trámites burocráticos que suelen trabar estas regularizaciones. Para demostrar la estadía, los solicitantes podrán presentar el empadronamiento municipal, pero también serán válidos otros documentos como informes médicos, contratos de servicios (luz, gas) o comprobantes de envío de dinero.
El impacto de la medida será inmediato:
Permiso automático: La sola admisión a trámite de la solicitud otorgará una autorización provisional de residencia y trabajo por un año.
Suspensión de expulsiones: Se congelarán automáticamente los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión vigentes por causas administrativas.
Regularización definitiva: Al finalizar el primer año, los beneficiarios podrán gestionar una autorización ordinaria bajo el reglamento de extranjería.
Impacto en la comunidad argentina
Esta amnistía administrativa llega en un momento de auge migratorio desde el Cono Sur. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población argentina en España alcanzó un récord de 415.987 registrados en 2024. Si bien la mayoría reside de forma legal, existe un porcentaje que permanece en la irregularidad y que ahora podrá blanquear su situación laboral y social.
Según el centro de análisis Funcas, la inmigración irregular en España asciende a 840.000 personas, siendo los ciudadanos de países latinoamericanos (principalmente Colombia, Perú y Honduras) el 91% de este colectivo.
Fuerte rechazo de la oposición
La decisión de utilizar la vía del «Real Decreto» para evitar el debate parlamentario desató la furia de la oposición de derecha. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), calificó la política migratoria de Sánchez como «disparatada» y acusó al gobierno de buscar «desviar la atención» tras la tragedia ferroviaria reciente. «Esto aumentará el efecto llamada y desbordará nuestros servicios públicos», advirtió.
Por su parte, Santiago Abascal, titular del partido ultraderechista Vox, fue más allá y tildó de «tirano» al presidente español, asegurando que la medida promueve una «invasión» y que Sánchez «odia al pueblo español y quiere sustituirlo».
Fuente: Noticias Argentinas
