El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó hoy su preocupación por los retrocesos en la situación de los derechos humanos de las mujeres y diversidades en Argentina. En particular, el Comité analizó el impacto de las políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar la violencia de género, garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva, sostener sistemas de cuidados y proteger los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades diversas desde un enfoque interseccional. En este marco, el Comité manifestó preocupación por el giro institucional que se aprecia ante la eliminación del ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, la reducción de programas de prevención y la eliminación de partidas presupuestarias destinadas a combatir la violencia de género. Sin embargo, la delegación argentina negó reiteradamente la existencia de retrocesos.
Frente a esta posición institucional, la sociedad civil describió un panorama completamente diferente . Así, Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Campaña GQUAL, la red por los derechos de las personas con discapacidad (REDI,) la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA), el Comité Latinoamericano y del Caribe en Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y la Asociación por los derechos civiles (ACDH), alertaron sobre el desmantelamiento de políticas públicas específicas, el vaciamiento institucional de los organismos de género y diversidad, y el fuerte recorte presupuestario que limita el derecho a vivir una vida libre de violencia de género.
“Desde fines de 2023, el Estado nacional abandonó a las mujeres al renunciar a su rol de garante de un piso mínimo de acceso a derechos. Actualmente el Estado incumple sus obligaciones: no hay un Plan Nacional de Acción para prevenir la violencia de género, se eliminaron programas de atención y de asistencia económica y legal bajo la narrativa oficial de que ‘la violencia no tiene género’, desconociendo que el 86% de las víctimas de femicidios conocía a su agresor y el 54% murió a manos de sus parejas o exparejas, mientras esto sucede en el 2% de los homicidios de varones”, señaló Julieta Izcurdia de ELA.
Aborto, salud sexual y reproductiva, ESI y federalismo
Durante el diálogo, el Estado argentino afirmó que “no existe el derecho al aborto consagrado como tal en el derecho internacional”, pese a que múltiples estándares internacionales señalan que garantizar el acceso a abortos seguros es una condición esencial para proteger derechos como la vida, la salud, la igualdad y la no discriminación. La delegación también sostuvo que la salud sexual y reproductiva es una competencia “exclusiva” de las provincias.
“El Estado nacional abandonó su rol de rectoría en salud sexual y reproductiva: paralizó la distribución de insumos para acceder al aborto, recortó anticonceptivos, y dejó en manos de las provincias responsabilidades sin mecanismos de transición, profundizando las desigualdades territoriales y poniendo en riesgo el acceso al aborto legal”, alertó Lucía de la Vega, del CELS.
Por su parte, Gabriela Troiano, de REDI, y Soledad Gelvez, de FAICA, advirtieron al comité sobre la alarmante situación para el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad, que no cuentan con infraestructura, equipamiento ni información accesible, al tiempo que se ven expuestas a internaciones sin consentimiento, y prácticas médicas forzadas como anticoncepción, abortos y esterilizaciones.
Asimismo, la delegación oficial negó que exista un derecho exigible a la educación sexual integral en el derecho internacional. En esa línea, redujo la obligación estatal a brindar asesoramiento a las familias en materia de planificación familiar y sostuvo que la educación de niñas, niños y adolescentes sería una responsabilidad indelegable de las familias.
“Estas afirmaciones desconocen el derecho de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Su derecho a educación, salud e información —y a vivir libres de violencia y discriminación— no puede depender de si cuentan o no con personas adultas que tengan herramientas, información o voluntad de brindarles orientación.” Señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El Comité expresó preocupación por el déficit estructural vinculado al embarazo no intencional en la adolescencia y su impacto directo en las trayectorias escolares de niñas y adolescentes, incluido el abandono escolar, y consultó al Estado argentino sobre la vigencia del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). En su respuesta, el Estado cuestionó la efectividad del Plan y sostuvo que la reducción del embarazo adolescente se produjo en todo el país y no solo en las provincias donde se implementó. Esta afirmación desconoce las profundas desigualdades territoriales: en provincias del NOA y del NEA las tasas de fecundidad adolescente históricamente se ubicaron muy por encima de la media nacional, razón por la cual el ENIA focalizó su intervención en esos territorios. De hecho, tras su implementación se registraron descensos significativos en provincias priorizadas, como Formosa (del 21,8% al 14,36%) y Chaco (del 20% al 13,08%).
Paridad y representación
En materia de paridad, la delegación oficial cuestionó la existencia de medidas especiales, como las leyes de cupo. Frente a ello la presidenta del Comité Nahla Haidar recordó al Estado argentino que en línea con los estándares desarrollados en la Recomendación General 40 “las medidas especiales son necesarias porque si se deja la igualdad en manos del ‘progreso natural’, las mujeres tendrían que esperar más de 100 años para alcanzar la paridad.”
“Justamente en 162 años, solo tres mujeres integraron la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que pone en evidencia el techo de cristal que enfrentan las mujeres. Su falta de representación en espacios de toma de decisión se repite en los tres poderes del Estado, como así también a nivel internacional en donde se evidencian retrocesos en los criterios para la nominación a puestos internacionales. Esto evidencia el incumplimiento de los compromisos asumidos por el país en materia de paridad. ”, señaló Agatha Ciancaglini de la Campaña GQUAL.
Trabajo, cuidados, discapacidad y ambiente
En el ámbito laboral, CLADEM alertó sobre la profundización de la precarización laboral y de la pobreza con impacto diferenciado por género, así como sobre el proyecto de reforma laboral en debate que podría afectar de manera desproporcionada los derechos laborales de las mujeres.
Las organizaciones también advirtieron que el Estado desmanteló la mayoría de las políticas nacionales de cuidado, paralizó la construcción de infraestructura esencial (como espacios de primera infancia) y redujo prestaciones sociales clave. Son decisiones que repercuten en el tiempo de las mujeres: las sobrecarga de trabajo no remunerado, deteriora su autonomía económica y profundiza desigualdades estructurales.
Finalmente, desde ACDH se alertó sobre la orientación regresiva de la política ambiental del Estado argentino, marcada por el debilitamiento de la protección de bosques y glaciares, el desfinanciamiento de políticas de prevención de incendios y su impacto en mujeres indígenas, rurales y migrantes.
En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil instaron al Estado argentino a asumir de manera urgente sus obligaciones internacionales en el marco de la Convención CEDAW y a revertir las medidas regresivas adoptadas desde fines de 2023. Garantizar una vida libre de violencias, el acceso efectivo a la salud sexual y reproductiva, políticas integrales de cuidados, igualdad en el trabajo y paridad en los espacios de decisión requiere instituciones sólidas, presupuesto suficiente y un enfoque interseccional que contemple las desigualdades territoriales y las múltiples formas de discriminación que atraviesan a mujeres y diversidades, incluidas las personas con discapacidad, indígenas, rurales y migrantes.
