Con el respaldo explícito de diputados del oficialismo y afines como el radicalismo y el PRO, la modificación de la Ley de Glaciares (26.639) obtuvo ayer dictamen de mayoría en un plenario de comisiones y hoy será debatida y votada en el recinto de la Cámara de Diputados en una sesión especial convocada para las 15 hs.
El plenario conjunto de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales aprobó el proyecto con 37 firmas tras una jornada tensa en la que expusieron funcionarios y representantes de San Juan, Salta, Catamarca y otras jurisdicciones cordilleranas. El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, y gobernadores o enviados provinciales defendieron la reforma como una herramienta para “compatibilizar protección ambiental con desarrollo productivo” y destrabar inversiones en cobre y litio.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado desde febrero, redefine el artículo 1° de la norma: solo quedarán protegidos los glaciares y geoformas del ambiente periglacial que “cumplan funciones hídricas” verificables (como reservas estratégicas o recarga de cuencas). Además, incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al “uso racional de los recursos naturales” del artículo 41 de la Constitución y otorga mayor rol a las provincias en el Inventario Nacional de Glaciares.
Con este acompañamiento legislativo, el oficialismo y sus aliados (incluyendo sectores de PRO, UCR y bloques provinciales) confían en reunir los votos necesarios para convertir el proyecto en ley. La sesión de hoy será el primer gran debate ambiental del año en el recinto y se anticipa con fuerte presencia opositora y movilizaciones en las inmediaciones del Congreso.
Los puntos de los ambientalistas: por qué se oponen a la modificación
Organizaciones como Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y científicos del CONICET, IANIGLA y universidades nacionales rechazan de plano la reforma. Sus principales argumentos son:
Retroceso ambiental y violación del principio de no regresión: la ley actual protege glaciares y todo el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua dulce. La modificación achica ese ámbito de protección y permite actividades extractivas en zonas que antes estaban blindadas.
Cambio de criterio científico por uno político-económico: en lugar de basarse en el Inventario Nacional de Glaciares (a cargo del IANIGLA), se deja en manos provinciales la decisión de qué áreas tienen “valor hídrico relevante”. Los especialistas advierten que incluso glaciares pequeños y el ambiente periglacial aportan agua a las cuencas, especialmente en épocas de sequía.
Riesgo para el agua del país: los glaciares son la principal reserva de agua dulce de Argentina. Modificar la ley para habilitar minería en sus inmediaciones pone en riesgo el abastecimiento de millones de personas, el agro, el turismo y la generación hidroeléctrica.
Inconstitucionalidad y falta de debate federal: más de 90 % de los expositores en la audiencia pública se opusieron a la reforma. Organizaciones y científicos internacionales enviaron cartas alertando que la norma debilitaría la protección y contradiría tratados ambientales ratificados por Argentina.
Los peligros concretos de explorar y explotar en las inmediaciones de los glaciares
La exploración minera (principalmente a cielo abierto para litio y cobre) en zonas periglaciales implica riesgos graves y en muchos casos irreversibles:
Contaminación de aguas: el uso de cianuro, ácidos y metales pesados puede filtrarse a los glaciares y ríos, afectando la calidad del agua para siempre.
Aceleración del derretimiento y desestabilización: las obras generan polvo, vibraciones y cambios térmicos que aceleran la pérdida de hielo y pueden provocar aludes, deslizamientos y erosión en zonas ya vulnerables por el cambio climático.
Pérdida de biodiversidad y servicios ecosistémicos: el ambiente periglacial alberga especies únicas y regula el caudal de ríos. Su alteración afecta todo el ecosistema cordillerano.
Impacto socioeconómico a largo plazo: si se compromete el recurso hídrico, se ponen en riesgo actividades como la vitivinicultura, la fruticultura, el turismo de montaña y el suministro a ciudades de Cuyo y el NOA, que dependen de estos glaciares.
Mientras el reloj corre hacia la sesión de las 15, el acompañamiento de los diputados oficialistas y de las provincias mineras parece consolidado para dar sanción definitiva a la reforma. Del otro lado, ambientalistas, científicos y bloques opositores (Unión por la Patria, izquierda y parte de la UCR) prometen dar batalla hasta el último voto y en la calle. La votación de hoy definirá si Argentina mantiene uno de sus principales escudos ambientales o abre la puerta a una nueva etapa de explotación en las zonas más sensibles del país.
