Dos sargentos de la Policía del Chubut fueron sancionados administrativamente luego de denunciar el robo de sus armas reglamentarias durante un presunto ingreso de delincuentes a su vivienda particular en Rawson. Además del arresto disciplinario, ambos deberán responder ante el Tribunal de Cuentas, que analiza si corresponde que reintegren el valor del armamento sustraído.
El hecho se remonta a fines de enero de 2025, cuando los suboficiales se presentaron en la Comisaría Distrito Rawson para denunciar que desconocidos habían ingresado a su domicilio y robado distintos elementos, entre ellos sus dos pistolas reglamentarias.
De acuerdo con las actuaciones, se trataba de dos armas marca Browning Detective calibre 9 milímetros, identificadas con los números de serie 416004 y 416405. Ambas tenían sus cargadores colocados con diez cartuchos cada una. Según la denuncia, también fue sustraído un porta cargador con otras diez municiones, además de diversos objetos personales.
La pérdida del equipamiento operativo dio lugar a una investigación administrativa interna para determinar si existían responsabilidades por parte de los efectivos en la custodia del material policial.
Tras analizar el caso, el área jurídica de la fuerza concluyó que correspondía aplicar una sanción disciplinaria. Ese criterio quedó plasmado en el Dictamen N° 397/2026, que posteriormente fue avalado por la Jefatura de Policía mediante la Resolución N° 479/2026.
Como consecuencia, ambos sargentos recibieron una sanción de 21 días de arresto, al considerar que incurrieron en una falta grave vinculada a la protección del patrimonio institucional.
Paralelamente, el expediente fue remitido al Tribunal de Cuentas de Chubut para evaluar el perjuicio económico ocasionado al Estado por la pérdida del armamento oficial.
En esa instancia, los vocales del organismo resolvieron otorgar vista del expediente a los policías para que presenten su descargo en un plazo de quince días hábiles. Además, fueron intimados a constituir domicilio legal ante el Tribunal.
En caso de no presentar su defensa o si se determina su responsabilidad patrimonial, el organismo podría disponer que ambos efectivos deban afrontar con recursos propios el costo de reposición de las armas reglamentarias robadas.
