En una decisión institucional sin precedentes, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia inició una demanda contra YPF S.A. para exigir la recomposición integral de los pasivos ambientales existentes dentro del ejido de la ciudad. En forma simultánea, realizó una presentación ante la Comisión Nacional de Valores para que la controversia sea considerada en el marco de las obligaciones de transparencia que tiene la compañía frente al mercado de capitales.
Por decisión del intendente Othar Macharashvili, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia avanzó con una acción judicial de enorme trascendencia institucional en defensa del patrimonio ambiental, territorial y urbano de la ciudad. La demanda exige que YPF se haga cargo de la identificación, caracterización, evaluación de riesgos, saneamiento, remediación y monitoreo de los pasivos ambientales existentes dentro del ejido municipal y que elabore y ejecute, a su exclusivo costo, un Plan Integral de Remediación Ambiental bajo control judicial y con participación del Municipio.
La presentación parte de una definición contundente: Comodoro Rivadavia no reclama por un hecho del pasado, sino por las consecuencias que más de un siglo de explotación petrolera continúan produciendo sobre el presente y el futuro de la ciudad.
Pozos, ductos, instalaciones abandonadas, suelos degradados y otros pasivos se encuentran actualmente incorporados al entramado urbano y condicionan el crecimiento, la planificación territorial, la infraestructura pública y el aprovechamiento seguro del suelo.
La acción judicial sostiene que mientras el daño ambiental subsista, también subsiste la obligación de recomponer. Y plantea que esa responsabilidad no puede desaparecer por el paso del tiempo, por la transferencia de concesiones ni por acuerdos administrativos celebrados entre terceros.
En ese marco, el Municipio solicita expresamente a la Justicia que declare inoponible frente a Comodoro Rivadavia cualquier convenio, acuerdo o acto administrativo que pretenda extinguir, limitar o sustituir la obligación constitucional de recomposición ambiental.
La posición institucional es clara: ningún acuerdo firmado entre YPF y la Provincia puede disponer sobre el derecho de los comodorenses a que su ambiente sea efectivamente recompuesto. El artículo 41 de la Constitución Nacional está por encima de cualquier entendimiento administrativo y la obligación sólo puede considerarse cumplida cuando exista certeza objetiva de que el ambiente fue efectivamente restaurado.
COMISION NACIONAL DE VALORES
En forma simultánea, la Municipalidad presentó el caso ante la Comisión Nacional de Valores, poniendo en conocimiento del organismo la existencia de una controversia constitucional y ambiental que puede tener consecuencias jurídicas, económicas, patrimoniales, regulatorias y reputacionales para YPF, una de las principales sociedades emisoras del país.
La presentación sostiene que la dimensión del reclamo puede constituir una contingencia relevante para accionistas, inversores, calificadoras de riesgo y organismos de supervisión, y plantea que el mercado debe contar con información suficiente sobre los riesgos ambientales que enfrenta la compañía.
El Municipio también puso el foco sobre los compromisos ambientales y de sustentabilidad que el grupo YPF comunica al mercado y sobre la utilización de instrumentos de financiamiento verde por parte de YPF Luz.
En ese sentido, la presentación sostiene que los principios ESG no pueden ser invocados selectivamente: una compañía que comunica compromisos ambientales y cuyo grupo accede a financiamiento mediante bonos verdes debe actuar con la misma transparencia respecto de los pasivos ambientales históricos pendientes de recomposición.
Desde el Ejecutivo Municipal remarcaron que esta decisión marca un punto de inflexión en la defensa de los intereses de la ciudad. El intendnete remarcó que “Comodoro le dio petróleo y energía a la Argentina durante más de cien años. Sobre esta tierra nació YPF y desde acá se aportaron recursos extraordinarios al desarrollo de nuestro país. Lo que no vamos a aceptar es que, después de un siglo de explotación, los pasivos queden en nuestra ciudad y el costo de repararlos termine recayendo sobre los comodorenses”.
“Fuimos a la Justicia porque queremos que YPF recomponga lo que corresponda recomponer. Y fuimos a la Comisión Nacional de Valores porque una empresa que cotiza en los mercados nacionales e internacionales también tiene obligaciones de transparencia frente a sus inversores. No estamos pidiendo privilegios. Estamos defendiendo un derecho constitucional”, agregó el jefe comunal.
Finalmente, desde el Municipio señalaron que la decisión representa una defensa del futuro de Comodoro Rivadavia: “Esta ciudad hizo un aporte enorme al crecimiento energético de la Argentina. Ahora corresponde que quienes generaron impactos sobre nuestro territorio asuman sus responsabilidades. Comodoro no va a renunciar a su ambiente, a sus tierras ni al derecho de las próximas generaciones a recibir una ciudad ambientalmente reparada”.
