Cristina Fernández de Kirchner presentó ante la Justicia previsional un reclamo para que la ANSES vuelva a liquidar de manera completa su pensión de viudez y abone los montos retroactivos que, según su planteo, se encuentran pendientes desde abril.
La presentación fue realizada por su abogado y apoderado, Facundo Fernández Pastor, y también solicita que se deje sin efecto un descuento aplicado por el organismo previsional sobre sumas que ANSES considera percibidas de manera indebida.
El reclamo incluye además un pedido para que el cálculo del beneficio se realice de acuerdo con la Acordada N° 20 de la Corte Suprema, que declaró inaplicable la norma que había eliminado las exenciones del Impuesto a las Ganancias para expresidentes y exvicepresidentes.
En agosto, la expresidenta percibió un haber bruto de $16.090.877,01 correspondiente a una de las dos prestaciones que recibía hasta noviembre de 2024. Sin embargo, ANSES no incorporó el adicional por zona austral, que representa varios millones de pesos.
El organismo sostiene que ese adicional no corresponde debido a que actualmente Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires y no reúne las condiciones de residencia requeridas. Su abogado, en cambio, pidió que vuelva a incorporarse y sostuvo que mantiene su domicilio real y fiscal en Río Gallegos, donde además continúa pagando los servicios de su vivienda y realiza viajes periódicos.
El cobro de la pensión vitalicia como viuda de Néstor Kirchner había sido restablecido provisoriamente luego de una medida cautelar de la Cámara Federal de la Seguridad Social. Los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini Albarenque suspendieron la decisión de ANSES que había dejado sin efecto el beneficio mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La disputa comenzó en noviembre de 2024, cuando el Gobierno suspendió las dos asignaciones vitalicias que percibía Cristina Kirchner: una por su condición de expresidenta y otra como viuda de un expresidente. Antes de esa suspensión, había cobrado $35.255.297,73 brutos por ambos beneficios. El Estado apeló posteriormente la decisión que permitió restablecer el pago ante la Corte Suprema, donde el procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó que debía dejarse sin efecto la medida.
