El Partido Justicialista realizó este fin de semana un “Foro de Políticas Territoriales” en Trelew y presentó entre sus disertantes a Marcela Pérez Bogado, jueza Penal de Garantías de Puerto Madryn, destacando su cargo judicial. La participación de una magistrada en un espacio partidario genera interrogantes. Juan Pablo Luque también participó del encuentro.
El Partido Justicialista (PJ) organizó el pasado fin de semana en Trelew un encuentro destinado a debatir propuestas y comenzar a delinear parte de la agenda política que viene, en un escenario en el que los distintos sectores ya comienzan a definir posiciones de cara a las próximas elecciones. Hasta allí, una actividad partidaria más. La particularidad apareció al revisar quiénes fueron convocados para participar.
Entre los disertantes estuvo Marcela Pérez Bogado, jueza Penal de Garantías de Puerto Madryn, cuya presencia fue difundida por el propio PJ con fotografía, nombre y, especialmente, su cargo judicial.
La convocatoria no presentó simplemente a una especialista o a una profesional del derecho. La identificación utilizada por el partido fue explícita: “Jueza Penal de Garantías de Pto. Madryn”.
Y ahí aparece el punto que genera la polémica: ¿por qué el Partido Justicialista decidió utilizar la condición de jueza penal como parte de la presentación de una disertante dentro de una actividad organizada por una estructura partidaria?.
La pregunta adquiere otra dimensión porque los magistrados tienen restricciones específicas respecto de su participación en actividades de carácter político. El artículo 174 de la Constitución de Chubut establece que ningún magistrado o funcionario perteneciente al Poder Judicial puede intervenir en actos de propaganda electoral o política y señala que quienes lo hagan incurren en falta grave a los efectos de su enjuiciamiento y remoción.
A esto se suma el Acuerdo Plenario 5681/2026 del Superior Tribunal de Justicia, que establece que magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial tienen prohibido realizar actos de propaganda electoral o política “de cualquier naturaleza y por cualquier vía”.
En ese contexto, no solamente queda bajo la lupa la decisión de la magistrada de participar, sino también la del propio PJ de Trelew de incorporarla a su convocatoria y exhibir su cargo judicial como parte de la presentación.
El carácter político del espacio también quedó reflejado en la participación de Juan Pablo Luque, quien estuvo presente y luego publicó en sus redes sociales que había participado del foro organizado por el PJ. En su mensaje habló de “nuestro espacio”, de la necesidad de “levantar la voz” y de acercar una propuesta, en un discurso que se inscribió en la construcción política del justicialismo de cara al escenario electoral que se aproxima.
La cuestión central, entonces, no pasa únicamente por saber qué expuso Pérez Bogado durante el foro. El interrogante es qué llevó al PJ a considerar apropiado que una jueza penal apareciera públicamente como tal dentro de la promoción de una actividad partidaria.
Y esa decisión deja una pregunta inevitable: ¿dónde termina una actividad de debate político y dónde comienza una exposición partidaria incompatible con la imagen de independencia que se espera de quienes ejercen la función judicial?.
La discusión, en definitiva, no parece estar solamente en quién aceptó la invitación. También alcanza a quienes organizaron el encuentro y decidieron hacer de esa condición judicial parte visible de la convocatoria.
El PJ quería hablar de política. La presencia de una jueza penal terminó haciendo que el propio partido quedara en el centro de otra discusión: los límites entre la política y la Justicia.
