El juez José Luis Ennis dispuso que Miguel Battista, de 71 años, continúe detenido bajo arresto domiciliario mientras avanza la investigación por la presunta privación ilegítima de la libertad y el abandono de persona. La Fiscalía había solicitado extender la prisión preventiva por un mes para realizar nuevas pericias y evitar posibles interferencias en la causa.
La investigación por el caso de la familia que habría permanecido aislada dentro de una vivienda en Esquel continúa con nuevas medidas judiciales. Este viernes, la Justicia resolvió que el padre de la familia, Miguel Battista, de 71 años, cumpla los próximos 30 días de prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, en un inmueble del que no podrá salir sin autorización judicial.
La decisión fue tomada por el juez José Luis Ennis durante una audiencia de revisión de la medida de coerción. La Fiscalía había solicitado extender la detención por otros 30 días, al considerar que persisten los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
El magistrado entendió que continúan existiendo elementos suficientes para sostener la probabilidad de autoría en esta etapa del proceso y que todavía hay distintas hipótesis sobre lo ocurrido. Sin embargo, consideró acreditado el arraigo del imputado en la zona y tuvo en cuenta que supera los 70 años para disponer una modalidad de detención domiciliaria.
Además, a pedido de la Asesoría de Familia, estableció una prohibición de acercamiento y contacto por cualquier vía con sus hijos. El incumplimiento de las condiciones impuestas podría derivar en su regreso a prisión.
Las pericias que busca completar la Fiscalía
La procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato, acompañada por el fiscal Fidel González, explicó que la investigación continúa con distintas medidas destinadas a esclarecer las circunstancias en las que vivía la familia y determinar las eventuales responsabilidades penales.
Entre las diligencias previstas se encuentran evaluaciones médicas y psicológicas, estudios sobre la salud mental del imputado y la recopilación de testimonios y otros elementos de prueba. La Fiscalía también busca establecer las condiciones en las que se encontraban la mujer y sus hijos.
Durante la audiencia, Bagnato sostuvo que el Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de investigar todas las hipótesis posibles hasta reunir elementos que permitan confirmarlas o descartarlas.
La Asesoría de Familia, representada por Marcos Ponce, acompañó el planteo fiscal y remarcó la importancia de preservar a los adolescentes durante el proceso. También informó que intervienen organismos estatales para garantizar su cuidado y asistencia.
La defensa particular, por su parte, solicitó la libertad del acusado y, de manera subsidiaria, propuso un domicilio alternativo para que pudiera cumplir allí una eventual medida de arresto domiciliario. Además, presentó testigos para acreditar su arraigo en la zona.
Cómo comenzó el caso de la familia aislada
La investigación se inició el 10 de octubre, cuando una vecina alertó a la Policía sobre situaciones que le generaban preocupación en una vivienda de Esquel. Según los primeros reportes, las ventanas permanecían cubiertas, la actividad dentro de la casa parecía concentrarse durante la noche y no se veía salir a los hijos de la pareja.
Tras la intervención inicial del Juzgado de Familia, integrantes del Equipo Técnico Interdisciplinario acudieron al domicilio, pero el hombre no les permitió ingresar ni entrevistarse con los demás integrantes de la familia.
El informe elaborado por los profesionales advirtió sobre una posible situación de riesgo inminente y sirvió de fundamento para solicitar un allanamiento urgente.
El procedimiento se concretó el 22 de octubre, con participación de fuerzas policiales, organismos municipales y equipos sanitarios. La mujer y sus tres hijos, dos de ellos menores de edad, fueron asistidos y quedaron bajo intervención de los organismos correspondientes.
El hombre fue imputado provisoriamente por los presuntos delitos de privación ilegítima de la libertad y abandono de persona. La calificación legal y las circunstancias de los hechos deberán establecerse a medida que avance la investigación.
Una causa que sigue abierta
En la resolución de este viernes, el juez consideró que el imputado tiene arraigo en la zona, donde reside y desarrolla su actividad desde hace años, pero sostuvo que siguen vigentes los riesgos procesales que justifican mantener la medida de coerción.
También tuvo en cuenta su edad para establecer el arresto domiciliario, sin dejar de lado la necesidad de garantizar que la investigación pueda avanzar.
La audiencia se realizó a puertas cerradas, sin acceso del público ni de la prensa, a raíz de la necesidad de proteger la identidad y la intimidad de los adolescentes involucrados.
La Fiscalía continuará con las pericias y la recolección de pruebas para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda y definir los próximos pasos de la causa.
