Imputan a la empresa Nu Skin Argentina por difundir información «falsa y engañosa»
El organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo actuó de oficio tras verificar que la firma realizaba anuncios que inducían al engaño y la confusión, acción que incurre en la violación a la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.
«El modelo de venta se presenta como salida laboral, cuando en realidad era un esquema piramidal o multinivel, donde no hay ingreso seguro pero sí se requiere que la vendedora/promotora realice una inversión inicial. Y además se premia si se consiguen más vendedores dispuestos a invertir», advirtió el comunicado.
A partir de la investigación que realizó el organismo se determinó que «el modelo de negocios de la empresa consiste en comercializar un catálogo de productos promocionados por “influencers” -personas con alto grado de exposición en las redes sociales-, que venden directamente a los clientes y, con ello, obtienen un margen de ganancia».
En caso de vender los productos a través de su sistema de oferta personal, promete la posibilidad de ganar un bono minorista. Estos ofrecimientos aportan confusión e inducen a engaño ya que para incorporarse al mecanismo de venta de la empresa, se debe abonar una suma de dinero inicial que, en muchos casos, supera los $ 20.000.
También la firma fue imputada por publicidad engañosa ya que promete que sus productos garantizan una “juventud duradera”.
Además, la promoción se hace a través de su página web, Facebook y mediante la utilización de influencers, lo cual vulnera la obligación de brindar atención y dar trato digno y equitativo a los consumidores.
Por otro lado, la empresa establece cláusulas abusivas en su contrato ya que si el consumidor tuviese algún problema «se le induce a reclamar en el estado de Utah, Estados Unidos. Esto está prohibido por la legislación argentina», añade el comunicado.
En este marco, se notificará a la empresa de la imputación y ella podrá ejercer su derecho a defensa.
La Ley de Defensa del Consumidor establece sanciones que llegan a los 5 millones de pesos para aquellos proveedores que no respeten los derechos de las y los consumidores.
