El juez federal de Esquel Guido Otranto procesó sin prisión preventiva a nueve personas acusadas del ataque a pedradas a la camioneta en la que circulaba el presidente Alberto Fernández junto a su comitiva en una visita que el 13 de marzo pasado realizaba a la localidad chubutense de Lago Puelo con motivo de los incendios forestales que se registraban en la región.
Así lo consignaron fuentes judiciales, quienes detallaron que en el fallo, el magistrado fijó también embargos y les prohibió la salida del país a las y los procesados, todos ellos por el delito de «daño agravado».
Se trata del artesano Guillermo Hipólito Ramírez (46), la docente Daniela Verónica Flacquier (39), la estudiante Lucía Maddalena (19), A.G.C. (menor de edad), la artista Sol Mariana Basurto Muñoz (22), la estudiante Julieta Belén Gutiérrez Muñoz (22) y la artesana Andrea Yanina Millañanco (34).
Además fueron procesados el artesano/constructor Horacio Marcelo Florentín (45) y el cuidador de casas Rodrigo Jorge Vitelli (39), en este caso por el delito de «daño agravado» y «estorbar a un funcionario público en el cumplimiento de actos propios de sus funciones».
En estos últimos dos casos la investigación determinó que, en el momento del ataque, estas personas se ubicaron en la parte delantera del rodado que transportaba a la comitiva presidencial, con la intención de evitar que avance.
En la misma resolución, el juez sobreseyó a cuatro mujeres a las que originalmente se las había imputado por el hecho.
Según determinó la investigación judicial, «ese día el Presidente de la Nación había arribado a Lago Puelo con el objeto de recorrer, junto con el Gobernador de la Provincia del Chubut, los sectores afectados por los incendios que se habían producido en la zona», describe el informe de la PFA.
El relato refiere a que, «al retirarse del centro cultural, (los integrantes de la comitiva) abordaron una camioneta de la Aministración de Parques Nacionales -Mercedes Benz, modelo Sprinter, dominio AA818XA- momento en que fueron increpados por muchas personas que se habían congregado en el lugar».
«Cuando la camioneta estaba dispuesta a emprender la marcha, algunos manifestantes se colocaron delante del vehículo para impedir su avance. Otros, desde los laterales, comenzaron a golpear el vehículo con puños y patadas. En el momento en que la camioneta inició su marcha, recibió piedrazos lanzados por algunas de las personas que se habían agolpado alrededor», detalla el expediente.
Como consecuencia de esto, la camioneta resultó parcialmente dañada y la comitiva no pudo completar las actividades previstas para la jornada.
En su resolución, Otranto indicó que basó sus decisiones en 30 medidas de prueba que fueron ordenadas en la causa, entre ellas el «informe de la División Individualización Criminal de la Policía Federal con el reporte del Sistema Biométrico Facial ‘Luna’ con análisis comparativos de rostros».
El procesamiento contó, además, con la declaración testimonial del guardaparque Héctor Miguel Aguayo, chofer de la camioneta, como también el registro fílmico de los canales de televisión locales, que hicieron la cobertura de la visita presidencial.
