Marcelo Martínez De Giorgi, a cargo de la megainvestigación que nació en Lomas de Zamora, ordenó además otras medidas de prueba solicitadas por el fiscal Franco Picardi.
Luego de un fallo de la Cámara Federal porteña que descartó la existencia de una asociación ilícita en la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó 43 medidas de prueba para reactivar la causa que investiga el espionaje ilegal a políticos, presos, periodistas y gremialistas.
El magistrado convocó para que declaren como testigos al diputado del PRO Diego Santilli -fue una de las víctimas del espionaje-; al ex funcionario de Defensa José Luis Vila -sufrió un atentado en su casa-; a Mariano Macri, hermano del ex presidente; y al juez que se negó a detener a los Moyano y denunció presiones de la AFI, Luis Carzoglio.
En el escrito al que accedió Infobae, Martínez De Giorgi también convocó a la interventora actual de la AFI, Cristina Caamaño, por una entrevista que concedió días atrás. Antes de su declaración, la jefa de los espías deberá ser relevada del secreto por el presidente Alberto Fernández. A Camaño también le pidió que aporte el video de la filmación en el Banco Provincia donde el entones ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, habla de conformar una Gestapo para perseguir a los gremios.
El juez decidió además pedir informes “muy urgentes” a la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) de la Corte Suprema para saber si se estableció con la AFI un sistema de entrega de los llamados interceptados judicialmente. Esta decisión está vinculada a una presentación realizada la semana pasada por la interventora Caamaño sorbe el hallazgo de más de 100 mil grabaciones que debieron ser destruidas. Martínez De Giorgi también le pidió al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires detalles para saber la nómina de agentes de la Policía de la Ciudad entre 2015 y 2019 que fueron afectados a la AFI y en qué contexto.
El disparador de estas diligencias, que se conocieron este martes, fue un planteo que había hecho el jueves pasado el fiscal Franco Picardi, quien pidió que se forme un legajo aparte en el expediente y ordene un “estudio técnico pormenorizado y específico, tendiente a analizar” cómo creció el poder de la AFI durante la era Macri, a través de decisiones políticas y modificaciones administrativas. La medida “resulta ser la más apropiada para obtener una noción global de las maniobras” que investigan el espionaje ilegal, había dicho el fiscal. Esas diligencias también fueron ordenadas, indicaron a Infobae fuentes consultadas.
