Se cumplen dos años de la icónica madrugada en que el Congreso de la Nación, gracias a la lucha de millones de mujeres y de diversos sectores sociales, aprobó la ley de aborto. En un mundo donde hay países que restringen este derecho, Argentina es un ejemplo en el reconocimiento de la autonomía reproductiva.
Si bien en el primer año y medio de implementación de la norma se registraron 106.764 prácticas en centros de salud públicos de todo el país, aún persisten barreras en el acceso a este derecho relacionadas con la falta de información y calidad de la prestación, y a situaciones de violencia y maltrato, tanto en el sector público como en el privado.
En tal contexto, Amnistía Internacional realizó un monitoreo permanente sobre las políticas implementadas por el Estado nacional y los Estados provinciales en torno al acceso a abortos de calidad. Dicho trabajo incluye viajes y entrevistas a referentes y autoridades de distintas provincias, y acompañamiento a decenas de mujeres y personas gestantes que enfrentan obstáculos al momento de querer realizar la práctica.
“Tras la aprobación de la ley y luego de mucho manifestarnos y trabajar por la conquista del derecho a la interrupción del embarazo, ahora toca monitorear para garantizar su efectivo cumplimiento. Desde nuestra organización, durante 2022, documentamos los obstáculos que persisten en la garantía de la práctica y, sin dudas, no dejaremos de exigir al Estado que todas las mujeres puedan, por fin, ser efectivamente iguales ante la ley”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
De norte a sur
Salta ha estado en el foco de atención por la injusta criminalización a la médica Miranda Ruiz tras garantizar un aborto legal. Finalmente, la profesional fue sobreseída. Mendoza fue demandada por no brindar información. Buenos Aires tampoco es la excepción ya que todavía presenta serios desafíos para el acceso a la práctica a nivel municipal. El trabajo conjunto de distintas organizaciones, incluida Amnistía Internacional (AI), logró que se ordene al municipio de La Plata a informar cómo da cumplimiento a la Ley 27.610.
El caso de Tierra del Fuego es paradigmático
En Río Grande el único hospital público que debe garantizar la interrupción del embarazo no lo hace debido a que los 13 médicos de su servicio de tocoginecología son objetores de conciencia. Por esta razón, desde que la ley 27.610 entró en vigencia, al menos 34 personas de esa ciudad con embarazos de más de 12 semanas tuvieron que viajar más de 200 kilómetros hasta el Hospital Regional de Ushuaia para acceder a un aborto. Estos traslados aumentaron en un 50 por ciento la demanda del hospital de Ushuaia.
Pero, además, no solo no hay campañas públicas de información, sino que se toleran altos grados de desinformación, como por ejemplo la difusión de cartelería sobre líneas telefónicas “para acompañar embarazos inesperados” que es atendida por personas que buscan disuadir a las mujeres de su decisión de abortar.
Ante este panorama, el Ministerio de Salud fueguino tan solo lanzó una convocatoria a profesionales no objetores de conciencia y no obtuvo resultado. Tampoco adoptó ninguna medida para mejorar en lo inmediato el circuito de información, acceso y derivaciones, ni para respaldar y fortalecer el trabajo de los equipos que actualmente garantizan la práctica.
