Un caso ocurrido en la provincia de Santa Cruz volvió a poner en discusión el funcionamiento del denominado “banco cautivo”, una situación que se produce cuando una misma entidad financiera concentra el pago de haberes y el cobro de préstamos y tarjetas de crédito de sus clientes.
Según expuso el abogado especializado en defensa del consumidor Mario Vadillo, un empleado público vio descontados de manera automática la totalidad de dos salarios percibidos durante mayo a través de débitos vinculados a un préstamo personal y al pago mínimo de una tarjeta de crédito. Como resultado, la cuenta quedó sin fondos disponibles.
De acuerdo con la explicación brindada por el letrado, la entidad financiera ofreció posteriormente una refinanciación mediante un préstamo de consolidación de deuda por 40 millones de pesos, con un plazo de 60 cuotas y pagos mensuales de 1.820.000 pesos.
Vadillo sostuvo que la situación plantea interrogantes sobre los límites legales de los descuentos que pueden realizarse sobre los ingresos de los trabajadores. En ese sentido, señaló que la legislación vigente protege la inembargabilidad de los haberes y establece restricciones respecto de los montos que pueden afectarse sin una orden judicial.
Además, cuestionó las condiciones financieras de algunos productos crediticios y advirtió sobre el impacto que pueden tener las altas tasas de interés en la capacidad de pago de los usuarios.
El especialista indicó que, ante situaciones similares, existen herramientas legales para impugnar débitos considerados excesivos, reclamar la devolución de montos descontados y solicitar la revisión de las condiciones de pago, siempre dentro del marco previsto por la normativa de defensa del consumidor.
El caso generó repercusión en redes sociales y reavivó el debate sobre la relación entre las entidades financieras y los trabajadores que perciben sus haberes a través de los mismos bancos que les otorgan créditos y servicios financieros.
