La Argentina combina el mayor nivel de morosidad bancaria de América Latina con el menor nivel de crédito en relación con el tamaño de su economía, según un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban).
El país registra un 7,3% de su cartera de crédito en situación irregular, más del doble del promedio regional, que se ubica en 2,78%. Al mismo tiempo, el crédito representa apenas el 14,3% del PBI argentino, frente al 47,3% que alcanza en promedio en América Latina.
La diferencia también queda expuesta al comparar los niveles de incumplimiento con otros países. Brasil registra una morosidad del 4,3% y Colombia del 3,7%, mientras que Uruguay presenta 1,7%, El Salvador 1,4% y República Dominicana 1,1%.
El deterioro de los pagos se produce en un contexto en el que el crédito al sector privado se expandió durante los últimos dos años. La recuperación estuvo acompañada por una desaceleración de la inflación, mayor estabilidad cambiaria y una menor competencia de los títulos remunerados del Banco Central.
También preocupa la cobertura
El informe de Felaban señala otro dato sobre el sistema financiero argentino: la cobertura de los créditos en situación irregular alcanza el 84%, por debajo del 100% considerado como referencia.
Argentina aparece así entre los pocos países de la región con una cobertura inferior a ese nivel, junto con Panamá. La diferencia es marcada frente a República Dominicana, donde llega al 316%, Uruguay, con 226%, y Ecuador, con 210%.
En términos nominales, los préstamos en situación irregular en Argentina suman $14 billones. Cerca de dos tercios corresponden al sistema bancario tradicional, mientras que el resto se concentra en fintech y otros proveedores no bancarios, como cooperativas y tarjetas vinculadas con cadenas comerciales.
A nivel regional, la morosidad también aumentó. La cartera vencida de América Latina creció 10% respecto de diciembre de 2025 y alcanzó en marzo de 2026 unos US$104.621 millones.
En Argentina, el crecimiento de los incumplimientos abrió además una discusión sobre cómo abordar el problema. Mientras el Gobierno sostiene que las deudas de alrededor de 7 millones de personas constituyen un asunto entre privados y descarta intervenir, analistas y sectores de la oposición plantean la necesidad de que el Banco Central adopte medidas para asistir a los deudores.