Amnistía Internacional emitió una advertencia sobre la situación en la Corte Suprema de Justicia de Argentina, expresando su grave preocupación por un potencial retroceso en la independencia judicial y la calidad institucional del tribunal. La designación de dos varones para la Corte Suprema por decreto presidencial, sin el acuerdo del Senado y a través de nombramientos en comisión, ha sido señalada como un avance indebido del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo, una afectación a la independencia judicial y una falta de respeto al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal.
La decisión, llevada a cabo mediante el Decreto 137/2025, ha sido considerada como un abuso de una polémica facultad ejecutiva de «llenar las vacantes de los empleos que requieren acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso» por decreto. Amnistía Internacional destaca que la división de poderes es fundamental en el sistema republicano de gobierno y no debe ser avasallada por la falta de consenso político en la designación de jueces.
La organización también resalta la importancia de respetar las reglas constitucionales y de buscar consensos políticos para la integración de la Corte Suprema, subrayando que eludir el proceso constitucional compromete la legitimidad del tribunal y expone a sus miembros a presiones que afectan su credibilidad. Amnistía Internacional enfatiza que el Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema, debe ser un pilar de respeto y confianza para la sociedad, subrayando la importancia de mantener la independencia y la imparcialidad en el sistema de justicia.
El documento completo
La decisión del Poder Ejecutivo de designar por decreto a dos varones para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin el acuerdo del Senado y por medio de nombramientos en comisión, constituye un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal, que impacta seriamente sobre su legitimidad y calidad institucional.
La designación realizada mediante el Decreto 137/2025 se aparta del procedimiento establecido por la Constitución, y constituye un claro abuso de una controvertida facultad del Ejecutivo de “llenar las vacantes de los empleos que requieren acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso” por decreto. La mayoría agravada de dos tercios prevista por la Constitución Nacional para dar acuerdo a la propuesta de candidatos, pretende justamente evitar que el representante de un solo partido político pueda nombrar a un juez o jueza. La división de poderes hace a la esencia misma de nuestro sistema republicano de gobierno, y nunca puede ser avasallada por no conseguir los acuerdos políticos respecto de candidatos en particular. El Senado tiene la atribución de no brindar acuerdo cuando considera que no están dadas las condiciones para proceder a una designación, eso es justamente lo que la Constitución le ordena hacer. El silencio de ninguna manera habilita un atropello institucional de esta magnitud.
Además, avanzar en este sentido ignora las múltiples objeciones ciudadanas expresadas durante el proceso de evaluación pública de los candidatos, que se habilitó en cumplimiento del Decreto 222/03. En las diversas impugnaciones se argumentó la falta de idoneidad e independencia de los candidatos, así como la preocupación por algunas de sus visiones, y se alertó sobre el hecho de que sólo tres mujeres, frente a 104 hombres, lograran alcanzar el cargo de jueza de la Corte Suprema en toda su historia, enfatizando en el deber constitucional y convencional del Poder Ejecutivo de postular mujeres que reunieran las más altísimas cualidades para ocupar el cargo.
Las reglas constitucionales no existen como una mera formalidad, sino como un mecanismo para resguardar el equilibrio de poderes. Eludir el proceso constitucional para la designación de jueces compromete la legitimidad del Máximo Tribunal, al dejar a dos de sus cinco integrantes en una situación temporal y precaria, que los expone a presiones y afecta su credibilidad ante la ciudadanía.
La búsqueda de consensos políticos para la integración de la Corte es esencial para su legitimidad y clave para la seguridad jurídica sobre la cual se asienta el progreso social y económico. Por lo demás, si la preocupación es el funcionamiento eficiente de la Corte con sólo tres integrantes, dicho tribunal dispone de los mecanismos institucionales necesarios para funcionar así hasta su debida y necesaria integración.
El Poder Judicial, especialmente la Corte Suprema, debe ser un pilar de respeto y confianza para la sociedad. Argentina no merece una Corte designada por decreto, ni un sistema de justicia que desprecie el valor de la independencia y la imparcialidad.
