La medida fue oficializada este jueves en el Boletín Oficial y regirá desde el viernes. Abarca el oro, el cobre, cales y otras exportaciones mineras. Advierten impacto mixto en provincias productoras.
En un giro que reconfigura el escenario económico para las provincias mineras, el Gobierno Nacional eliminó las retenciones a las exportaciones de más de 200 productos del sector, entre ellos oro, cobre, cales, rocas de aplicación y piedras preciosas. La medida, oficializada a través del Decreto 563/2025, comenzará a regir desde este viernes.
Con esta disposición, la alícuota para derechos de exportación de los productos alcanzados pasa a ser del 0%, eximiendo del tributo a buena parte de la producción minera argentina. Sin embargo, la plata y el litio —dos de los recursos más codiciados del siglo XXI— quedaron fuera del beneficio, lo que generó sorpresa y especulación en el sector.
El decreto también deroga el Decreto 308/2022, que había establecido un registro optativo para exportaciones de cobre, y llega apenas días después del anuncio del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que prevé más de 15.000 millones de dólares en proyectos de cobre. Se trataría de la mayor inversión extranjera directa en la historia del país.
Según publica el medio La Vanguardia, la exclusión del litio y la plata como una jugada estratégica del Gobierno, ya sea para mantener un margen de negociación más fuerte ante potenciales inversores o para preservar recaudación en un contexto fiscal delicado. El litio, clave para la fabricación de baterías y tecnologías limpias, está en el centro de una demanda global creciente.
Según detalla el propio decreto, la minería representa el 80% de la capacidad exportadora de provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca. En estos territorios, la medida podría traducirse en la reactivación de proyectos, generación de empleo y mayor atractivo para nuevas inversiones. No obstante, también implicaría una merma de ingresos por retenciones tanto para el Estado nacional como para los gobiernos provinciales.
El Gobierno fundamentó la decisión en “el impacto del sector minero en la economía argentina, sus consecuencias directas e indirectas en la generación de empleo, el valor agregado que promueve y el potencial de crecimiento que tiene”.
