El ministro de Relaciones Institucionales afirmó que está probado que el objetivo del texto era «fabricar el caos para enterrar la democracia»‘. Por su parte, el titular del Ministerio de Justicia destacó que el objetivo «fracasó igual que el intento».
Según publica Télam, varios ministros del gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva coincidieron en las últimas horas en que el descubrimiento de un borrador de un decreto para desconocer el resultado de las últimas elecciones en Brasil, hallado en la casa de un dirigente bolsonarista, prueba que «el intento de golpe (de Estado) fue premeditado en detalle».
El ministro de Relaciones Institucionales, Alexandre Padilha, afirmó que está probado que el objetivo del texto era «fabricar el caos para enterrar la democracia»‘.
La Policía Federal de Brasil encontró en la casa de Anderson Torres, quien fuera ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, un borrador de un decreto para desconocer el resultado de las elecciones que consagraron a Lula, reveló el jueves el diario Folha de San Pablo.
El propio Torres admitió la existencia del documento que “iba a ser triturado oportunamente en el ministerio”.
En su cuenta de la red Twitter, el exministro escribió que el papel “fue filtrado fuera de contexto, ayudando a alimentar narrativas falaces” en su contra, y remarcó que tiene «la conciencia tranquila» y que respeta la democracia.
Según la prensa local, el documento es una minuta de un decreto para que el entonces presidente Bolsonaro pudiera instaurar el estado de defensa en la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE), en busca de revertir el resultado de las elecciones que ganó Lula.
El borrador tiene tres páginas y fue encontrado en el armario de la casa de Torres, que está de vacaciones en Estados Unidos y que ya anunció que se presentará apenas regrese.
La Justicia decretó el arresto del exministro y un registro de su domicilio después de que se viera implicado por omisión en los ataques de hordas bolsonaristas a las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Torres era entonces secretario de Seguridad del Gobierno del Distrito Federal y por eso el máximo responsable de garantizar la integridad de los edificios que fueron invadidos por los golpistas.
El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes lo apartó de su cargo (igual que al máximo responsable de la Policía Militar y al gobernador del Distrito Federal) y ordenó su detención preventiva.
