Ayer lunes inició en Puerto Madryn el juicio contra Nadine Parry y Brahim Yoosef Vargas, responsables del tratamiento de efluentes de una empresa pesquera, acusados de descargar residuos sin tratamiento en aguas del Golfo Nuevo.
La investigación, encabezada por el fiscal jefe Alex Williams y la fiscal Florencia Bianchi, apunta a un episodio ocurrido en 2023 frente a las costas madrynenses. Según el Ministerio Público Fiscal, la empresa habría utilizado una cañería para verter directamente al mar líquidos resultantes del procesamiento de langostino, sin pasar por el sistema de tratamiento correspondiente.
En la primera audiencia, celebrada ante la jueza Patricia Reyes, se presentaron peritajes del Cenpat-Conicet que advirtieron un grave daño ambiental. Las muestras analizadas mostraron niveles bacteriológicos hasta 2.300 veces superiores a lo permitido y presencia de Escherichia coli en concentraciones 2.700 veces mayores al límite legal.
Personal de Ecología y Medio Ambiente, Policía y Policía Científica coincidió en que el caño de descarga emanaba un líquido rojizo con olor fétido, cuyo recorrido llegaba hasta el alambrado perimetral de la planta de Conarpesa.
Entre las pruebas incorporadas, la Fiscalía exhibió intercambios de mensajes entre los acusados. En uno de ellos, escrito el día de los allanamientos, Parry le advierte a Vargas: “no podemos derivar más al pay pass”, frase que —según la acusación— evidencia el conocimiento y la intención de ocultar la maniobra.
El debate continuará hasta el jueves, jornada en la que se prevé la presentación de alegatos.
