La implementación del nuevo régimen penal juvenil abrió un desafío concreto para Comodoro Rivadavia: la ciudad no cuenta actualmente con dependencias adecuadas ni con suficiente personal especializado para intervenir cuando un adolescente deba ser privado de su libertad. Ante esta situación, autoridades judiciales, defensores y responsables policiales comenzaron a definir criterios comunes para responder a los primeros casos.
La problemática fue analizada durante una reunión realizada en la Unidad Regional de Policía, de la que participaron jefes de las distintas comisarías, autoridades de la fuerza, representantes del Ministerio Público Fiscal, defensores públicos penales y miembros de la Asesoría de Familia.
Uno de los principales objetivos fue evitar que cada dependencia adopte procedimientos diferentes frente a una detención y establecer cómo deberán actuar los efectivos desde el primer momento. También se planteó la necesidad de determinar rápidamente qué organismos deben intervenir cuando, además de la cuestión penal, sea necesario disponer medidas de protección para el adolescente.
La falta de infraestructura aparece como uno de los mayores obstáculos. Las comisarías existentes no fueron preparadas para alojar adolescentes bajo este nuevo esquema y tampoco existe actualmente un espacio específico con las condiciones requeridas. A esto se suma la falta de efectivos especialmente capacitados para este tipo de intervenciones.
Durante el encuentro se analizaron distintas alternativas provisorias. Entre ellas apareció la posibilidad de utilizar la Comisaría de la Mujer, aunque fue descartada debido al volumen de casos de violencia familiar que atiende actualmente esa dependencia. También se mencionó a la Policía Comunitaria, aunque tampoco aparece como una solución definitiva.
La definición de lugares específicos para adolescentes privados de su libertad, además, excede las atribuciones del Ministerio de Seguridad y requiere la intervención de otras áreas del Poder Ejecutivo.
Mientras se busca una solución estructural, una de las herramientas que ya comenzó a utilizarse es el arresto domiciliario. En el primer caso surgido bajo el nuevo régimen, un juez dispuso que el adolescente fuera trasladado a su domicilio y que la audiencia de control se realizara al día siguiente.
Otra posibilidad que se analiza es realizar audiencias de control de detención de manera telemática, principalmente cuando se trate de hechos de menor gravedad. La medida permitiría reducir el tiempo de permanencia de los adolescentes en dependencias policiales que no cuentan con instalaciones apropiadas.
Desde la defensa pública también remarcaron que la aplicación del nuevo régimen deberá contemplar las particularidades de cada caso. La responsabilidad penal desde los 14 años no implica necesariamente que todos los adolescentes deban recibir una respuesta basada en el encierro, especialmente frente a hechos considerados de baja lesividad.
Entre los puntos pendientes quedan la disponibilidad de espacios adecuados, la capacitación específica del personal policial y la coordinación entre los organismos que intervienen en materia penal y de protección de derechos. El objetivo inmediato es contar con un esquema de actuación uniforme mientras se resuelven esas carencias.