La decisión del ministro de Defensa, Luis Petri, de autorizar a las Fuerzas Armadas (FFAA) a detener civiles en casos de flagrancia genera una fuerte polémica y críticas de expertos legales. Petri justificó la medida en redes sociales, argumentando que es necesaria para combatir la delincuencia y que está respaldada por la ley. Sin embargo, prominentes figuras del ámbito jurídico la han calificado como ilegal.
Ricardo López Murphy (exministro de Defensa 1999-2001), Horacio Jaunarena (exministro de Defensa 1986-1989/2002-2003), y el constitucionalista Daniel Sabsay coinciden en que la medida excede las atribuciones constitucionales de las FFAA, cuya función principal es la defensa nacional, no la aplicación de la ley interna.
López Murphy, en declaraciones a Clarín, argumentó que la ley de Seguridad Interior prohíbe el uso de las FFAA para estas funciones y que la decisión de Petri carece de sustento legal, ya que una resolución ministerial no puede sobrepasar una ley.
Resaltó la innecesariedad de la medida, considerando la cantidad de fuerzas de seguridad en Argentina y la necesidad de optimizar su funcionamiento.
Jaunarena coincidió, señalando que la iniciativa contradice las leyes de Defensa y Seguridad Interior y que cualquier cambio legal requiere una modificación legislativa, no una resolución ministerial.
Sabsay, en Radio Rivadavia, enfatizó que las FFAA no están capacitadas ni autorizadas para detener civiles, calificando la decisión como «ilegal». Criticó la falta de transparencia, denunciando la existencia de una presunta «ley secreta» que justificaría la medida, algo inaceptable en un sistema democrático.
Petri, por su parte, defendió su postura en redes sociales, argumentando que países vecinos y Estados Unidos utilizan sus fuerzas armadas en tareas de control fronterizo. Sin embargo, no presentó evidencia legal que respalde su decisión.
