La diputada libertaria Lourdes Arrieta presentó una denuncia penal para que se investigue a sus propios compañeros de bloque y a funcionarios de la Cámara baja y del Servicio Penitenciario por la visita que ella misma protagonizó junto a otros cinco legisladores al penal de Ezeiza para reunirse con represores condenados por delitos de lesa humanidad.
La joven mendocina, al igual que su compañera Rocío Bonacci, no acató la orden del presidente de la Cámara de Diputados de bajar el perfil y continuó alimentando el escándalo. Ayer, en una entrevista con C5N, volvió a asegurar que fue a la cárcel engañada por sus compañeros y que tanto Martín Menem como Gabriel Bornoroni -jefe del bloque- habían autorizado la actividad.
La versión de Arrieta coincide con la de Bonacci -que también asegura que fue engañada- pero entra en contradicción directa con las explicaciones que dieron Menem y Bornoroni: ambos aseguraron que no estaban al tanto de la visita a Ezeiza, se mostraron en desacuerdo con visitar a represores condenados y argumentaron que se trató de una decisión “individual” de algunos diputados que no representa al bloque ni al gobierno de Javier Milei.
De hecho, en la reunión de bloque del miércoles pasado, los libertarios intentaron unificar su discurso y dar por terminada la polémica. Allí se decidió que no habría sanciones formales contra los diputados implicados y también acordaron encuadrar discursivamente el escándalo como una “operación de prensa”.
Según publica Infobae, en el bloque reconocieron que están evaluando qué hacer con la diputada. “No está claro si es mejor echarla o esperar a que se vaya sola”, explicaron sin ocultar el malestar con su comportamiento. Pero aclararon que “lo más grave es la falta de disciplina partidaria” y no la decisión de visitar a represores en la cárcel, hecho que siguen calificando como una “decisión personal”.
