La Cámara de Diputados rechazó este miércoles el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, al lograr los dos tercios necesarios para insistir con la sanción de la norma que había sido aprobada por el Congreso.
La votación resultó con 172 votos a favor de rechazar el veto y 73 en respaldo a la decisión presidencial, con el acompañamiento de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Innovación Federal, un sector de la UCR y hasta dos libertarios: Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro.
Con este resultado, el debate se traslada ahora al Senado, que deberá ratificar la decisión para que la ley entre en vigencia.
Durante la sesión, distintos legisladores expresaron fuertes críticas al Ejecutivo. El diputado Alejandro Vilca (Frente de Izquierda) sostuvo que “cuando Milei ataca a los más vulnerables, tanto a personas con discapacidad como jubilados, demuestra ser un cobarde al servicio del FMI, porque para ellos sí hay plata”.
Desde la Coalición Cívica, Victoria Borrego advirtió que “las acciones del Poder Ejecutivo están violando la Constitución y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, y acusó al Gobierno de “haber desfinanciado el fondo de redistribución beneficiando a las prepagas”.
En tanto, Danya Tavela (Democracia para Siempre) apuntó que “el Presidente eligió vetar la ley para demostrar autoridad, una autoridad que se construye con crueldad”, mientras que Pablo Juliano, jefe de ese bloque, remarcó que la recomposición de las prestaciones en discapacidad representa apenas el 0,03% del PBI, y cuestionó al oficialismo por inflar el impacto fiscal en un 6%.
Desde la UCR, Natalia Sarapura resaltó el “consenso social y político” alcanzado en torno a la ley, y Esteban Paulón (Encuentro Federal) criticó al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, al señalar que “será amigo de Milei, pero de discapacidad no sabe nada”.
Por su parte, Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) enfatizó que “el gobierno puede comprometer 500 mil millones de pesos por mes para sostener el valor del dólar, pero no encuentra una mínima porción para atender la situación de las personas con discapacidad”.
La norma, impulsada por organizaciones y familiares de personas con discapacidad, busca garantizar la continuidad de las prestaciones y la cobertura frente a la crisis económica.
