En un giro drástico para una de las causas sanitarias más graves de los últimos años, la Justicia federal ordenó la detención de dos exaltas funcionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Se trata de Nélida Agustina Bisio, ex titular del organismo, y Gabriela Mantecón Fumadó, ex jefa del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambas funcionarias fueron parte de la gestión de Milei y la justicia busca determinar si el gobierno colaboró con las
Ambas están bajo la lupa judicial por presuntas omisiones fatales en los controles de lotes de fentanilo adulterado que provocaron la muerte de decenas de pacientes. El operativo cerrojo comenzó en la localidad bonaerense de Olivos, donde efectivos policiales hicieron efectiva la captura de Bisio. Casi en simultáneo, al verse cercada por la orden del juez federal Ernesto Kreplak, Mantecón Fumadó optó por presentarse de forma espontánea en los tribunales junto a su equipo de defensa. Las dos exdirectivas pasaron la noche bajo custodia y quedaron formalmente a disposición de la Justicia para enfrentar las declaraciones indagatorias. La investigación penal apunta a un entramado de negligencia institucional.
El expediente judicial reconstruye cómo lotes de fentanilo —un potente analgésico de uso crítico— salieron al mercado contaminados con bacterias multirresistentes desde las plantas de los laboratorios HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Lejos de ser un fallo aislado, la fiscalía sostiene que existió una alarmante falta de fiscalización y una parálisis burocrática: los mecanismos de alerta temprana fallaron y no se tomaron medidas preventivas a tiempo para frenar la distribución del fármaco letal. El despacho del juez Kreplak busca determinar ahora si las ex-funcionarias ignoraron las advertencias internas o si existió una complicidad por omisión en el esquema de inspecciones sanitarias. El caso, que mantiene en vilo a la comunidad médica y a los familiares de las víctimas, entra en su etapa más sensible con las máximas autoridades regulatorias tras las rejas.
Se estima que entre los fallecidos, son más de 90 muertes registradas, se confirmó el deceso de un bebé a causa del fentanilo que debía controlar el estado.
