El blindaje legislativo que solía proteger al oficialismo en el Congreso exhibe fisuras críticas. La polémica en torno a las declaraciones juradas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha desatado un sismo político que altera de forma drástica las alianzas en la Cámara de Diputados. Mientras el PRO avanza hacia para forzar el quórum hacia una moción de censura, el radicalismo estira la definición y mantiene en vilo la estrategia parlamentaria.
El detonante de la crisis
El punto de inflexión ocurrió luego de que Adorni admitiera públicamente haber rectificado sus declaraciones patrimoniales para incorporar ahorros previos no bancarizados. La justificación del funcionario apuntó a la existencia de activos financieros generados antes de ingresar a la función pública. Sin embargo, la explicación no bastó para calmar las aguas en el Palacio Legislativo. La oposición dura no tardó en mover sus fichas convocando a una sesión especial para el próximo 23 de junio con el fin de arrastrar al ministro al recinto o activar su remoción.
La fractura expuesta del PRO
La reacción del partido liderado por Mauricio Macri dejó en evidencia las dos almas que conviven en el espacio:
- La conducción nacional: Emitió un duro comunicado catalogando el accionar del ministro como una «falta grave» por haberle negado inicialmente al Congreso el ocultamiento de bienes. Desde este sector exigen priorizar la bandera de la transparencia por encima del funcionario.
- El bloque parlamentario: El legislador Álvaro González se diferenció al anticipar que acompañará los pedidos para exigir explicaciones físicas y fiscales de este patrimonio. En la vereda opuesta, el jefe de la bancada de diputados, Cristian Ritondo, intenta moderar el impacto para evitar que el bloque quede pegado a las bancadas kirchneristas en la votación del quórum.
El radicalismo en la encrucijada
La Unión Cívica Radical (UCR) lanzó un enérgico comunicado en el que acusó al jefe de Gabinete de mentirle al Poder Legislativo y exigió una celeridad absoluta a la Justicia para esclarecer los hechos. A pesar de los duros calificativos y de calificar la situación como «incompatible con la ejemplaridad pública», la conducción del bloque radical todavía no ha confirmado si estampará su firma para el pedido formal de interpelación o si bajará a dar el número necesario de 129 diputados para habilitar el debate el 23 de junio.
Esta postura intermedia responde a las fuertes presiones que ejercen los gobernadores aliados del espacio. Mandatarios provinciales prefieren preservar los canales de diálogo abiertos con la Casa Rosada antes que empujar al Gobierno a una crisis de gabinete total.
Un escenario abierto
A pocos días de la fecha fijada para la sesión especial, los números están ajustados. Sin un consenso unificado del PRO y de la UCR, la oposición no alcanza de forma autónoma el quórum reglamentario. No obstante, el tablero político se mueve contrarreloj. El futuro parlamentario del jefe de Gabinete se dirimirá entre las negociaciones de pasillo en el Congreso y los avances de las denuncias penales radicadas en los tribunales federales.