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El Gobierno nacional ha derogado una norma que regía desde 2019, permitiendo a los establecimientos de gestión privada de todos los niveles fijar el valor de sus aranceles mensuales sin límites. Anteriormente, los colegios privados debían comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio y los aumentos estaban sujetos a un análisis de esta dependencia.
La norma derogada señalaba que la relación entre escuelas privadas y estudiantes se asemeja a contratos de adhesión, donde el establecimiento establece las condiciones generales a las que los alumnos están sujetos. En consecuencia, los colegios y universidades privadas ahora podrán implementar ajustes y establecer las condiciones de acceso a sus servicios sin mayores restricciones.
Esta medida se produce a pocas semanas de que los colegios secundarios inicien sus procesos de recuperación de temas para los alumnos que adeuden materias de ciclos anteriores. Además, se da en medio de la discusión sobre si la Argentina debe cobrar aranceles a estudiantes extranjeros en la educación universitaria.
Es importante destacar que la política de liberación de precios tiene un antecedente preocupante en el sector de la medicina prepaga, donde las empresas implementaron aumentos de hasta un 80% en tan solo dos meses.
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