El Gobierno habilitó la participación de efectivos y vehículos del Ejército en las maniobras combinadas ARANDÚ 2026, previstas del 10 al 17 de octubre. La operación tendrá un costo estimado de casi $248 millones y fue autorizada mediante un decreto de necesidad y urgencia.
El decreto 1157/2026 fue firmado por Javier Milei y publicado este viernes en el Boletín Oficial. La norma autoriza la salida del territorio nacional de personal y medios militares para participar del ejercicio combinado, que se desarrollará en el campo de instrucción Barão de São Borja, en la ciudad brasileña de Rosario do Sul.
De acuerdo con el anexo, la delegación argentina podrá estar integrada por hasta 405 efectivos y contará con un máximo de 99 vehículos. Entre los medios previstos figuran diez Tanques Argentinos Medianos y ocho vehículos de combate de transporte de personal 8×8. Por parte de Brasil, se contempla la participación de hasta 1.100 militares.
El costo estimado para la participación argentina asciende a $247.928.911. El gasto será cubierto con las partidas presupuestarias asignadas al Estado Mayor General del Ejército, dentro del Ministerio de Defensa.
Las maniobras tienen como objetivo reforzar la cooperación entre los ejércitos de ambos países y avanzar en la coordinación de procedimientos para que las unidades puedan operar de manera conjunta. El entrenamiento comprende fuerzas aerotransportadas, aeromóviles, de operaciones especiales, blindadas y de aviación.
El programa prevé desplazamientos de vehículos de combate, lanzamientos de paracaidistas y asaltos aéreos, además de actividades diurnas y nocturnas. También se pondrán a prueba en el terreno planes que habían sido ensayados mediante simulaciones durante 2025.
En los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo argumentó que el proyecto de ley que contempla los ejercicios militares combinados previstos entre septiembre de 2026 y agosto de 2027 aún no había sido tratado por la Cámara de Diputados. Ante la proximidad de las fechas previstas para ARANDÚ 2026, consideró que existían circunstancias excepcionales que impedían continuar con el procedimiento legislativo ordinario.
El DNU entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y dispuso remitirlo a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá intervenir en el análisis de su validez.