La Municipalidad de Comodoro Rivadavia anunció que en los próximos días promoverá una acción judicial para determinar si fueron cumplidas las obligaciones de recomposición ambiental vinculadas con los pasivos existentes dentro del ejido urbano.
La decisión fue comunicada a través de una carta abierta dirigida a YPF S.A., en la que el Municipio destacó el vínculo histórico entre la empresa y la ciudad, pero sostuvo que la explotación hidrocarburífera dejó pozos abandonados, instalaciones industriales, ductos, piletas, suelos afectados y restricciones al uso del territorio que todavía requieren una respuesta integral.
Según expresó la Municipalidad, la existencia de estos pasivos está documentada mediante expedientes administrativos, auditorías ambientales, inspecciones, estudios técnicos, planes de abandono y programas de remediación, entre otras actuaciones. También señaló que documentación de la propia empresa registra sitios que continúan bajo monitoreo, evaluación, saneamiento o programas de intervención.
Ante esta situación, el Municipio indicó que buscará que el Poder Judicial determine, mediante prueba científica independiente, cuál es el estado de los sitios afectados y si la recomposición ambiental fue efectivamente cumplida.
Además, informó que pondrá los antecedentes en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores, al considerar que la controversia tiene relevancia para una empresa que participa del mercado de capitales y que asumió compromisos vinculados con sostenibilidad, transparencia y gobierno corporativo.
En la carta, la Municipalidad también cuestionó los alcances del acuerdo celebrado entre YPF y la Provincia del Chubut. Según planteó, ese convenio no puede afectar derechos colectivos cuya protección también corresponde al Municipio ni extinguir la obligación de recomponer el daño ambiental.
A la vez, el Ejecutivo municipal aclaró que la decisión no busca desconocer la importancia económica de YPF ni obstaculizar el desarrollo energético nacional. En ese sentido, convocó a la empresa a abrir una instancia de diálogo institucional, transparente y con respaldo técnico.
La Municipalidad sostuvo que mantendrá abierta esa posibilidad, aunque afirmó que continuará con las acciones administrativas, judiciales e institucionales que considere necesarias para procurar el cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional.