El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que amplía las sanciones para personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y otros territorios y espacios marítimos reclamados por la Argentina sin autorización del país.
El proyecto propone reemplazar el régimen establecido por la Ley 26.659, vigente desde 2011 y centrado principalmente en las actividades hidrocarburíferas. La nueva normativa alcanzaría también el aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables en las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental.
Las sanciones previstas incluyen multas, inhabilitaciones y penas de prisión. Para actividades vinculadas con recursos naturales no renovables se contemplan condenas de entre 12 y 20 años, mientras que la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización argentina podría recibir penas de entre 15 y 20 años. Las multas podrían llegar al equivalente de tres millones de barriles de petróleo.
El régimen también alcanzaría a proveedores, socios, accionistas y controlantes de las compañías involucradas cuando tengan participación en las actividades prohibidas. Para proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales con conocimiento de su destino se establecen penas de entre cinco y siete años de prisión.
Empresas sancionadas podrían quedar impedidas de operar en Argentina
La iniciativa contempla que las empresas sancionadas puedan quedar inhabilitadas para desarrollar actividades económicas en el país. Entre las consecuencias figuran la revocación de habilitaciones, la rescisión de contratos y la pérdida de determinados beneficios impositivos o previsionales.
También se prevé la creación de un registro público de infractores. Las empresas incluidas no podrían contratar con el Estado y tampoco podrían hacerlo particulares en los casos establecidos por la normativa. Además, el proyecto contempla la posibilidad de disolver o liquidar determinadas sociedades y establece la suspensión de actividades por períodos de hasta 30 años.
El texto incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización destinado a quienes abandonen las actividades cuestionadas y cumplan determinadas condiciones económicas o de inversión dentro de la Argentina. También incluye el juicio en ausencia para los delitos contemplados en la nueva ley.
Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional
Otro de los ejes del proyecto es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que estará encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
El organismo tendrá como función coordinar estrategias relacionadas con las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
La iniciativa también establece herramientas para responder ante amenazas consideradas graves e inminentes provenientes de Estados o actores extranjeros. Entre las medidas previstas aparecen restricciones a determinadas operaciones cambiarias y financieras, bloqueo temporal de fondos y activos, suspensión de autorizaciones o contrataciones y restricciones a importaciones y exportaciones.
Qué plantea el proyecto para aeronaves y buques
La propuesta establece procedimientos específicos frente a aeronaves consideradas hostiles. La respuesta contempla distintas etapas, desde la identificación y las advertencias hasta la demostración de fuerza y, como último recurso, el uso de la fuerza por orden expresa del Presidente, facultad que podría delegarse en el ministro de Defensa.
Para los buques se establece una secuencia que incluye persecución, inspección, maniobras de interposición, disparos de advertencia e inutilización. El hundimiento quedaría reservado para situaciones militares excepcionales y requeriría autorización presidencial.
El proyecto aclara que esa medida no podrá utilizarse como sanción contra una embarcación civil ni simplemente para impedir que escape.
Restricciones a la influencia extranjera
La iniciativa también incorpora nuevas figuras vinculadas con la seguridad nacional y la participación de actores extranjeros. Entre otras medidas, propone prohibir aportes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos políticos y campañas electorales.
Además, contempla delitos relacionados con la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración material con operaciones clandestinas de inteligencia y acciones financiadas o realizadas por actores extranjeros destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
El proyecto también incorpora sanciones para quienes promuevan o financien actos de violencia o sabotaje y redefine aspectos de la Defensa Nacional frente a amenazas externas estatales y no estatales.
Finalmente, propone incorporar por ley el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que contempla la inmovilización de bienes y restricciones para realizar operaciones económicas o financieras con personas y entidades incluidas en ese registro.
Con el proyecto ingresado a Diputados, comenzará ahora su tratamiento parlamentario y la definición del esquema de comisiones que analizarán la iniciativa.