El Senado de la Nación convirtió en ley la emergencia en discapacidad, que regirá en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma establece un paquete de medidas que busca dar respuesta a reclamos históricos del sector, con actualización de aranceles, cancelación de deudas y un nuevo esquema para las pensiones no contributivas.
Entre los puntos centrales, se dispuso que las prestaciones de salud deberán actualizarse mensualmente en función de la inflación medida por el INDEC, además de saldar la deuda acumulada con los prestadores y otorgar una compensación de emergencia financiada con recursos del Tesoro Nacional.
En cuanto a las pensiones, la ley fija que pasarán a representar el 70% del haber mínimo jubilatorio, y quienes las perciban podrán trabajar en relación de dependencia siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el impacto fiscal de estas medidas oscila entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, según la cantidad de beneficiarios que se sumen al sistema, que podría variar entre 493 mil y 946 mil nuevas altas.
Asimismo, la Agencia Nacional de Discapacidad deberá llevar adelante auditorías transparentes con criterios médicos y socioeconómicos, garantizando notificaciones claras y el derecho a la participación de los beneficiarios.
Otro aspecto destacado es el incentivo a la inclusión laboral: los empleadores que contraten personas con certificado de discapacidad bajo modalidad permanente estarán eximidos durante tres años del 50% de las contribuciones patronales y previsionales.
Con esta sanción, el Gobierno nacional deberá avanzar en la reglamentación y puesta en marcha del nuevo esquema, que busca fortalecer derechos y garantizar mayor equidad para las personas con discapacidad en todo el país, pese al veto de Milei.
