Así lo determinó el juez Eduardo Farah de la Cámara porteña tras un pedido de la defensa del magistrado Pablo Yaradorola, uno de los integrantes de la comitiva que voló al sur
La Cámara Federal porteña ordenó que la causa que investiga el viaje a Lago Escondido de un grupo de jueces con el ministro de Justicia porteño Marcelo D’Alessandro -actualmente bajo licencia- y empresarios sea tramitada en los tribunales de Comodoro Py 2002. Hasta ahora el caso se había instruído en Bariloche.
La decisión fue tomada esta mañana por el juez Eduardo Farah, que hizo lugar a un planteo formulado por la defensa del magistrado en lo penal económico Pablo Yaradola, uno de los investigados. La Fiscalía se había pronunciado en el mismo sentido.
“Se sabe -sin debate o duda al respecto- que (i) todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad; (ii) todos los asuntos que -se dijeron- conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial; (iii) si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos (etc.), los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí”, sostuvo la resolución a la que accedió Infobae.
Con esta decisión, la justicia de Bariloche podría oponerse y trabar un conflicto de competencia que terminará definiendo Casación, como ocurrió con las causas de espionaje. Sin embargo, el escenario parece poco probable: la jueza del sur que tiene el caso se jubilará en los próximos días.
En Bariloche, la causa por el viaje a Lago Escondido investiga los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y aceptación de dádivas, a partir de la denuncia del abogado Marcelo Hertzriken Velasco, y la intervención de la fiscal federal María Cándida Etchepare. En el expediente aparecen imputados el ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro; el Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; los jueces Julian Ercolini, Pablo Yadarola, y Pablo Cayssials; el ex funcionario del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), Leonardo Bergroth; y los empresarios Tomás Reinke, Pablo César Casey y Jorge Rendo.
La denuncia había sido radicada en octubre, pero cobró vuelo cuando se conocieron unos supuestos audios en donde los participantes del vuelo hablaban de la difusión de esa noticia y cómo manejarse en consecuencia. Esos diálogos -registrados en la aplicación Telegram- habrían sido sustraídos de un hackeo al teléfono celular de D’Alessandro, uno de los viajeros, a través de la duplicación de la tarjeta SIM. El ministro denunció el ingreso ilegal a su móvil pero dice que los chats fueron adulterados. Semanas más tarde se filtraron otros diálogos del funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que lo obligaron a pedir licencia.
