Un informe reciente de Unicef revela que la pobreza infantil en Argentina ha alcanzado niveles alarmantes, con siete de cada diez niños viviendo en condiciones de pobreza. Esto equivale a aproximadamente 8,6 millones de menores de 18 años que viven en hogares que no cumplen con el umbral mínimo de ingresos económicos o que se encuentran en entornos donde se ven privados de sus derechos.
El estudio, que recopila datos del segundo semestre de 2023, muestra que la pobreza infantil se manifiesta en dos dimensiones. El 57,5% de los niños experimentan pobreza por falta de recursos económicos, mientras que el 43% enfrenta pobreza debido a la privación de derechos fundamentales como la educación y la salud. Un 31% de los niños experimentan ambas formas de pobreza al mismo tiempo, lo que afecta a 3,8 millones de niños.
El informe de Unicef también destaca el impacto del deterioro macroeconómico en el aumento de la pobreza y la indigencia. «La canasta básica aumenta en mayor proporción que los índices de inflación general y que los salarios», señaló Sebastián Waisgrais, economista especialista en Inclusión Social y Monitoreo en Unicef Argentina. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de medidas urgentes para proteger los ingresos de los hogares y mejorar la cobertura de las prestaciones sociales.
Durante el último semestre del año pasado, la indigencia infantil aumentó un 5%, alcanzando el 19,4%. Esta cifra significa que 643.000 niños más cayeron en la indigencia, marcando un incremento estadísticamente significativo.
El informe también revela diferencias significativas en la pobreza infantil según la ubicación geográfica, el género y el nivel educativo. La pobreza infantil en los barrios populares alcanza el 84%, mientras que la brecha de género es del 63% entre las niñas y el 50,8% entre los niños. La pobreza es especialmente alta en hogares con bajo nivel educativo (83%), hogares monoparentales (68%) y en aquellos que residen en barrios populares (84%).
Waisgrais subrayó la importancia de mantener y fortalecer las partidas presupuestarias destinadas a las políticas de protección de ingresos a los hogares. «Aunque ha habido señales positivas en este sentido, es crucial maximizar los esfuerzos para mejorar la cobertura y suficiencia de las prestaciones», concluyó.
