El titular de la Defensoría Pública de la justicia federal en Comodoro Rivadavia precisó que el total de los acuerdos alcanzó una cifra de $ 4.438.357
Durante la cuarentena obligatoria por coronavirus se registraron en todo el territorio nacional violaciones a las restricciones de circulación. En Comodoro Rivadavia al menos un poco más de mil individuos lograron llegar a un acuerdo económico a través del proceso de conciliación previsto por el Código Procesal Penal de la Nación, para evitar así el proceso judicial y la posible condena para quienes incurrieron en esas faltas.
Las actuaciones judiciales se habían iniciado por vulneración al artículo 205 del Código Penal de la Nación, que textualmente establece: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
Los acuerdos a nivel local superaron las 1.000 conciliaciones por montos en torno a los $.4000 pesos, para elevarse luego hasta los $8.000 y alcanzar valores máximos de $25.000, según la gravedad y alcance de la infracción.
En este sentido la cifra alcanzada por el total de acuerdos en la ciudad asciende a los $ 4.438.357 según datos del titular de la Defensoría Pública de la justicia federal en Comodoro Rivadavia, Fernando Wiernes, quién además agregó:
“Nosotros logramos la restitución de la mayor parte de los vehículos secuestrados –explicó-, incluso en un solo fin de semana se liberaron más de 300, pero después se continuó y la cifra pudo haber llegado hasta los 500. Los vehículos que quedaron secuestrados fue porque los conductores no pudieron comprobar la titularidad, porque los habían comprado y nunca hicieron la transferencia, o ni siquiera tenían un formulario 08 firmado, porque incluso con esa documentación la jueza había aceptado liberarlos”.
Recientemente un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que todas las causas vinculadas al tema COVID, deberán tramitarse en los tribunales ordinarios de cada jurisdicción, por lo que la justicia federal debió concretar ese traspaso.
