El Registro Nacional de Femicidios y el Observatorio MuMaLá informaron que 211 mujeres fueron víctimas de femicidio en Argentina entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2025. La estadística revela un dato alarmante: en el país asesinan a una mujer por motivos de violencia de género cada 34 horas.
El reporte incluye femicidios directos, vinculados, travesticidios, lesbicidios, crímenes ligados al narcotráfico y al crimen organizado, suicidios feminicidas y otras muertes violentas. Del total, 164 casos corresponden a femicidios directos, 2 a femicidios vinculados de niñas o mujeres y 16 de niños o varones. Además, se registraron 3 travesticidios, 1 lesbicidio, 18 crímenes vinculados a estructuras narco o mafiosas y 7 suicidios feminicidas.
El impacto de esta violencia deja otro dato devastador: 142 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madre como consecuencia de estos hechos.
La vivienda vuelve a ser el espacio más inseguro para las víctimas. El 65% de los asesinatos ocurrió dentro del hogar de la víctima o uno compartido con el agresor, el 11% en la vía pública y otro 11% en la vivienda del femicida, mientras que el 5% se registró en descampados.
En cuanto a los agresores, más de la mitad de los femicidios fueron perpetrados por parejas o exparejas. Un 18% fue cometido por familiares y otro porcentaje por conocidos de la víctima. Sólo una minoría corresponde a agresores desconocidos o vinculados a bandas criminales.
El promedio de edad de las mujeres asesinadas es de 41 años. Entre las víctimas figuran 17 niñas y adolescentes y 31 mujeres mayores de 60 años.
El informe detalla además que el 14% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor. Sin embargo, solo la mitad contaba con medidas de restricción y, dentro de ese grupo, apenas el 28% tenía botón antipánico.
El análisis territorial indica que Buenos Aires, Jujuy, La Rioja, Río Negro y Tierra del Fuego registran un femicidio cada mil mujeres. En Chaco y Río Negro la tasa sube a 1,4, en Misiones llega a 1,5 y en Santa Cruz alcanza 1,8 cada mil.
La estadística vuelve a colocar en el centro de la discusión la urgencia de reforzar las políticas de prevención y protección, así como mejorar los mecanismos de intervención en situaciones de violencia de género.
