El nuevo régimen penal juvenil comenzará a regir este sábado en Argentina y establece que los adolescentes podrán ser juzgados por delitos cometidos desde los 14 años, además de incorporar nuevas penas y medidas orientadas a la educación, resocialización e integración social.
La Ley 27.801, aprobada por el Congreso en febrero de este año, reemplaza el esquema establecido por la Ley 22.278, vigente desde la década de 1980. La nueva normativa contempla penas de hasta 15 años y establece que los padres o responsables serán civilmente responsables por los delitos cometidos por sus hijos.
El régimen establece que los adolescentes que sean detenidos deberán permanecer en dependencias especialmente acondicionadas para menores, sin compartir alojamiento con personas mayores de edad. Además, tendrán acceso a programas destinados a completar sus estudios obligatorios, capacitación laboral, formación ciudadana y actividades deportivas.
Entre las sanciones previstas se encuentran las amonestaciones, la prohibición de acercarse o contactarse con la víctima, la prohibición de conducir, restricciones para asistir a determinados establecimientos o espectáculos, la prohibición de salir del país o de su lugar de residencia, trabajos comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño.
También se contempla la posibilidad de cumplir penas privativas de libertad en el domicilio, en institutos abiertos o en establecimientos especializados de detención.
La prisión podrá evitarse en determinados casos. La ley establece esa posibilidad cuando la pena no supere los tres años y también cuando sea de entre tres y diez años, siempre que el delito no haya provocado la muerte de la víctima, no haya implicado una grave violencia física o psíquica y el adolescente no tenga otras condenas o procesos en curso.
En esos casos, las medidas deberán estar acompañadas por acciones destinadas a promover la educación, el trabajo y la comprensión de la gravedad del delito, con el objetivo de favorecer la resocialización del adolescente.
El régimen también prevé modificaciones durante el cumplimiento de la pena. Cuando un joven haya cumplido dos tercios de una condena de detención y reúna las condiciones previstas por el Código Penal para acceder a la libertad condicional, podrá continuar cumpliendo la sentencia mediante otra de las penas contempladas por la nueva normativa.
En cambio, si incumple injustificadamente una pena alternativa impuesta por un juez, esa sanción deberá ser reemplazada por otra más severa.
La ley mantiene además las restricciones sobre la difusión de información que permita identificar a los adolescentes imputados. No podrán publicarse sus nombres, apodos, datos de filiación, parentesco o residencia, ni fotografías u otros elementos que permitan identificarlos.
