Este sábado, el presidente Javier Milei firmó los vetos a las leyes que el Congreso había aprobado para mejorar los haberes jubilatorios y declarar la emergencia en discapacidad. Las resoluciones se publicarán este lunes en el Boletín Oficial, cumpliendo así con los plazos previstos.
Aunque las iniciativas habían sido respaldadas por el Senado a comienzos de julio, el Gobierno demoró la firma del rechazo como parte de una estrategia para ganar tiempo. En Diputados, donde el oficialismo se muestra más vulnerable, la Casa Rosada teme que la oposición reúna los dos tercios necesarios para desactivar el veto.
Mientras crece la tensión, el Ejecutivo inició una ofensiva para asegurarse apoyo político. Con reuniones reservadas y negociaciones con gobernadores y bloques aliados, la Casa Rosada busca mantener cerradas filas. Entre los ofrecimientos, figuran recursos como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y posibles acuerdos de cara a las elecciones del 26 de octubre.
El argumento oficial para rechazar ambas leyes se apoya en la supuesta inviabilidad fiscal de las propuestas, que desde el Gobierno consideran incompatibles con el plan de ajuste y la meta de déficit cero. En varias oportunidades, Milei había anticipado que vetaría cualquier iniciativa que implique más gasto público.
Una de las leyes establecía una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que combinaba inflación y evolución salarial, y garantizaba subas mensuales por encima del esquema actual. La otra norma declaraba la emergencia en discapacidad y exigía la restitución de fondos y servicios para el sector, fuertemente afectado por recortes y demoras en los pagos.
Diputados, la próxima batalla
Para dejar sin efecto el veto presidencial, se necesita que ambas cámaras lo rechacen con mayoría especial. En el Senado, la oposición ya mostró músculo; pero en Diputados el oficialismo cuenta con mayores chances de bloquear el avance gracias a sus aliados. Sin embargo, si se alinean los votos opositores, podría haber sorpresas.
En paralelo, organizaciones sociales y colectivos vinculados a la discapacidad ya comenzaron a organizar protestas frente al Congreso. El clima político se recarga, y la pulseada por estas leyes promete ser uno de los capítulos más tensos del año legislativo.
