La investigación por el presunto encierro prolongado de una mujer y sus hijos continúa con entrevistas en Cámara Gesell, estudios sobre los antecedentes médicos y una pericia de salud mental al imputado de 71 años. También se solicitaron informes a entidades bancarias, organismos estatales e instituciones de salud.
La Fiscalía de Esquel avanza con nuevas medidas para esclarecer el caso de una familia que habría permanecido en condiciones de encierro dentro de una vivienda. La causa tiene como imputado a un hombre de 71 años y se encuentra en una etapa de recopilación de testimonios y pruebas para determinar las circunstancias de lo ocurrido.
Una de las diligencias principales se concretó el pasado martes, cuando se realizaron entrevistas a los hijos de la familia en el dispositivo especializado de Cámara Gesell. A partir de esas declaraciones, el Cuerpo Médico Forense (CMF) elaborará los informes técnicos correspondientes.
Además, la Fiscalía solicitó al organismo un análisis integral de los antecedentes médicos y una pericia detallada sobre la salud mental del imputado.
La investigación también incluyó entrevistas a personas que podrían aportar información relevante para la causa. En paralelo, se requirieron datos a entidades bancarias, organismos estatales e instituciones sanitarias.
Por su parte, los Equipos Técnicos Multidisciplinarios de la Procuración General intervienen en el peritaje y análisis de los dispositivos secuestrados durante los operativos.
Las pruebas definirán los próximos pasos de la causa
Con los resultados de las diligencias en curso, la Fiscalía evaluará qué planteos formular en la audiencia de control de la prisión preventiva. Las conclusiones de los informes y las pruebas reunidas durante los próximos días serán parte de los elementos que se analizarán en esa instancia judicial.
El caso está encuadrado provisionalmente en las figuras penales de abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad.
Las alertas vecinales que derivaron en el allanamiento
La investigación se inició tras una serie de alertas de vecinos que manifestaron su preocupación por el aislamiento de la vivienda y la falta de contacto social de los menores que residían allí.
El 10 de octubre se formalizaron las primeras denuncias y advertencias comunitarias. Días después, el 20 de octubre, intervinieron la Policía Comunitaria, el Servicio de Protección de Derechos y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), luego de que no se lograra acceder al inmueble.
Ante la negativa del adulto a permitir el ingreso, los equipos técnicos emitieron un informe de riesgo urgente.
Finalmente, el 22 de octubre se realizó un allanamiento con autorización judicial y la participación de fuerzas de seguridad y equipos médicos. Durante el procedimiento se escucharon pedidos de auxilio y la familia fue encontrada confinada en distintos sectores de la vivienda.
El operativo fue encabezado por la procuradora de Fiscalía Cecilia Bagnato y la funcionaria Mónica Caveri. En ese contexto, se dispuso la detención en flagrancia del hombre de 71 años.
Mientras continúa la investigación, las autoridades mantienen como prioridad la protección de los adolescentes involucrados. Se resguardan sus identidades, imágenes y cualquier información que permita identificarlos o localizarlos, con el objetivo de proteger su intimidad y evitar una nueva vulneración de sus derechos.
Las actuaciones profesionales continúan orientadas a garantizar su bienestar, contención y protección integral.