La Cámara Federal porteña falló a favor de un funcionario judicial que pidió autorización para trabajar como conductor de una aplicación de movilidad fuera de su horario laboral. La decisión fue tomada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Roberto Boico.
Según informó el portal Tiempo Judicial, el solicitante se desempeña como prosecretario letrado y percibe un sueldo estimado de $2.900.000 mensuales, casi 10 veces el salario mínimo vigente, fijado en $317.800.
El planteo generó polémica ya que los artículos 9 del Decreto 1285/1958 y 8 del Reglamento para la Justicia Nacional imponen un régimen de incompatibilidades que impide a los funcionarios ejercer otras profesiones, como la abogacía, con el fin de garantizar su imparcialidad. La docencia es una de las pocas excepciones admitidas.
La causa ya había tenido un fallo favorable en primera instancia por parte del juez Sebastián Casanello, quien argumentó que la actividad sería realizada fuera del horario laboral y no interferiría con las funciones del prosecretario.
En su resolución, la Cámara valoró que el funcionario presentó las condiciones de uso de Uber, donde se detalla que los conductores son considerados “autónomos e independientes”. Además, el trabajador se comprometió a respetar las normas de ética pública y a no descuidar sus funciones dentro del Poder Judicial.
La Corte Suprema ya había autorizado excepciones similares en otros casos, aunque se trata de decisiones poco frecuentes.
