Accidentes aéreos, contrataciones viciadas, intervenciones constantes en la comunicación, llamados de atención de la ONU: todo esto salió a la luz producto de una denuncia realizada contra la Sociedad del Estado EANA por la Fundación Apolo, una organización cercana al partido Republicanos Unidos, que integran Ricardo López Murphy y Roberto García Moritán.
EANA (Empresa Argentina de Navegación Aérea) es una sociedad del Estado que se encarga de planificar todo lo vinculado a la infraestructura de la comunicación, radarización y manejo de la información en el territorio nacional, vital para el buen tránsito y control aéreo.
La primera alarma sobre su actividad salió cuando la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), un organismo de la ONU que audita el espacio aéreo de los países, en un informe de 2023 calificó con 37/100 la seguridad aeroportuaria argentina, lo que implica que «el país no tiene idea de qué pasa en sus cielos», advierten desde la Fundación Apolo, una organización cercana al partido Republicanos Unidos, que integran Ricardo López Murphy y Roberto García Moritán.
«Una vez que se puso la lupa en las causas de esta baja calificación, salieron a la luz varios escándalos», señala Nicolas Silvera, integrante del equipo jurídico la fundación, quien los enumera:
● Los radares tienen que tener un mantenimiento anual. Según los registros, el último mantenimiento de casi todos fue en 2015, es decir, hace ocho años. Muchos de ellos no funcionan a tiempo completo o su actuar es defectuoso.
● La comunicación entre las aeronaves y las torres de control sufren interrupciones y conos de silencio, incluso en los aeropuertos.
● Para hacer una verificación aérea (proceso por el cual se miden y ajustan los sistemas de navegación aérea, garantizando la calidad de señal en el aire), EANA contrató a una empresa fumigadora sin ningún tipo de experiencia en el rubro. «Terminó en tragedia, un avión sanitario en Esquel se estrelló dejando tres fallecidos. Se podría haber evitado si la verificación hubiera estado bien realizada», opina el abogado de Apolo.
«La pésima administración de EANA dejó al país mal radarizado, con huecos evidentes en su infraestructura y con graves riesgos para la seguridad nacional. En otras palabras, el Estado no pudo controlar el territorio aéreo, perdiendo soberanía», denuncia Silvera.
«Se utilizó a EANA como una caja política y se utilizaron los fondos públicos para acomodar simpatizantes del poder de turno para contentar funcionarios (y de paso enriquecerlos), lo cual no sería muy distinto a otros casos de corrupción en instituciones públicas», agrega.
«El desbaratamiento de la estructura aeronáutica del país no fue solamente obra de EANA, sino que actuó con una red de complicidad de otros organismos públicos, tales como la ANAC, la Junta de Seguridad de Transporte e incluso algunos funcionarios de la Fuerza Aérea», indica.
Incompetencia
Según la investigación, a raíz de una serie de pedidos de informes, se descubrió que EANA no estaba aplicando los manuales, protocolos ni procedimientos promulgados por ellos mismos en el pasado, porque ni siquiera sabían cuáles eran, ni cuáles estaban vigentes. La Sociedad del Estado estuvo rodeada por un aura de desorientación e ignorancia que impedía a los funcionarios cumplir su rol aunque tuvieran toda intención de hacerlo.
Esto se debe a que «el Gobierno (de Alberto Fernández) intervino en los organismos que se supone serían ‘neutrales’ y ‘técnicos’ para que estos dieran privilegios a Aerolíneas Argentinasy terminaran perjudicando a la competencia. En otras palabras, en los lugares técnicos pusieron comisarios políticos para favorecer a Aerolíneas Argentinas, tarea política que cumplieron, pero a costo de descuidar las verdaderas funciones de la empresa: velar por el correcto tránsito y control aéreo», concluye el comunicado de la Fundación Apolo.
