Roberto Espiro Mitar, un hombre de la comunidad gitana, fue condenado a nueve años de prisión por trata de personas, explotación sexual y laboral, y unión forzada de hecho. El Tribunal Oral Federal lo sentenció por «comprar» a una mujer con discapacidad y mantenerla en situación de servidumbre durante dos meses con el objetivo de casarse con ella. Mitar la obligó a la venta ambulante y a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, según la investigación.
La víctima, rescatada en marzo de 2023 tras escapar mientras trabajaba en la calle, declaró haber sido constantemente vigilada, obligada a entregar todo el dinero que ganaba a la familia de Mitar y privada de la autonomía sobre su cuerpo y su vida. Se probó que Mitar la llevó a una clínica para que le retiraran un dispositivo anticonceptivo, acción considerada por la Fiscalía como violencia sexual y contra la libertad reproductiva, enmarcada en la Ley 26.485.
Tras la denuncia, la familia de Mitar, con ayuda de su abogado, intentó desprestigiar el testimonio de la víctima, obligándola a firmar una declaración en la que se retractaba. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza ordenó una nueva declaración en Cámara Gesell, donde la joven ratificó los abusos sufridos y denunció la coacción. Este intento de encubrimiento derivó en una nueva causa penal.
El juez Daniel Doffo destacó la extrema vulnerabilidad de la víctima, carece de redes familiares y de apoyo estatal, además de presentar un bajo nivel intelectual. La sentencia incluye una indemnización de 4 millones de pesos a la víctima, la notificación de cualquier beneficio penitenciario a la misma y el acompañamiento del CENAVID. La defensa de Mitar fue advertida por el fiscal Fernando Alcaraz y el juez por su falta de perspectiva de género y el uso de estereotipos para deslegitimar a la víctima.
