Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares en el Congreso, la organización Greenpeace lanzó una convocatoria nacional para impulsar una demanda colectiva que busca declarar la inconstitucionalidad de los cambios introducidos.
La iniciativa, que ya reúne más de 414 mil adhesiones, apunta a alcanzar las 500 mil firmas y convertirse en una de las acciones judiciales más grandes del país en defensa del agua y el ambiente.
Desde la organización sostienen que la reforma pone en riesgo el acceso al agua para millones de personas y cuestionan el proceso legislativo que derivó en su aprobación. En ese sentido, aseguran que no fueron tenidos en cuenta aportes científicos, técnicos ni la participación de comunidades y ciudadanos durante las instancias previas.
Además, remarcan que una amplia mayoría de la población se manifestó en contra de las modificaciones, por lo que consideran que la nueva normativa no refleja la voluntad social.
Ante este escenario, promueven la vía judicial como herramienta para frenar la aplicación de la ley y convocan a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa.
El planteo central gira en torno a la protección de los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce y al impacto que podría generar la flexibilización de los criterios ambientales en distintas regiones del país.